La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez de instrucción Antonio Piña de inadmitir la querella que presentaron varios ciudadanos venezolanos contra la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, que huyó de la dictadura de Nicolás Maduro, y contra el exministro del Interior y general Miguel Rodríguez Torres –a quien se le atribuye una amistad con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— por delitos de lesa humanidad, torturas y contra la integridad moral, según consta en un auto de 14 de enero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Por lne.es
La decisión judicial desestima el recurso que interpuso la querellante y sostiene que la denuncia se refiere a un supuesto delito de torturas y contra la integridad moral que habría sido cometido en Venezuela, fuera del territorio español, contra una víctima que no tiene la nacionalidad española: «Lo que impide la atribución del conocimiento de la presente denuncia a la jurisdicción española», dice el auto, que da la razón al letrado que ejerce la defensa, Ismael Oliver.
En cuanto al delito de lesa humanidad, los magistrados recuerdan que el elemento que define a los crímenes de lesa humanidad «viene constituido por la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, del que no se aporta ninguna otra prueba que los recortes periodísticos, y sin que se pueda generalizar dicho estado de una denuncia singular».
Noticias periodísticas
Y en cuanto al valor de la información periodística, la Audiencia Nacional recuerda la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que establece que las noticias periodísticas «por sí solas, aunque legítimas en la función que desarrollan, no legitiman a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal».
Además, resalta el auto que la Corte Penal Internacional ya está investigando el delito de lesa humanidad por los hechos cometidos en Venezuela, «siendo esta instancia donde deben ser canalizados este tipo de denuncias al presentar la jurisdicción universal un carácter residual».
Luisa Ortega
Tanto la ex fiscal general como el exministro del Interior habían sido personas de confianza de Hugo Chávez, pero su sucesor, Nicolás Maduro, acabó persiguiéndoles al convertirse en disidentes. En el caso de Luisa Ortega, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), registró su domicilio en 2017, una actuación que ella calificó como una venganza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, el ministro del Interior.
Meses antes había decidido romper con el Gobierno al rechazar el intento de disolución de la Asamblea Nacional (AN, Congreso). Al intuir que iba a ser detenida, optó por exiliarse en compañía de su marido, Germán Ferrer, también diputado, en Colombia. Ahora reside en España.
Miguel Rodríguez Torres
El general Miguel Rodríguez Torres era considerado uno de los hombres de la máxima confianza de Hugo Chávez, con quien protagonizó el intento de golpe de Estado de 1992 para tratar de deponer al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, conocido con el acrónimo de CAP.
Por eso Chávez le asignó a la agencia inteligencia de Venezuela, que entonces se denominaba Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). No fue hasta 2002, tras el golpe de Estado fallido de la oposición, «el comandante» le encargó la dirección de los servicios de espionaje, que acabó reestructurando, pasándose a llamarse Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En la prensa venezolana se destaca que el servicio de inteligencia, bajo la dirección de Rodríguez Torres, logró detener en 2004 a las afueras de Caracas a una treintena de paramilitares, la mayor parte de ellos colombianos, que pretendían atentar contra Hugo Chávez.
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