La excandidata presidencial del correísmo Luisa González, en prisión preventiva por un presunto delito de lavado de activos, quedó este jueves a la espera de una decisión judicial sobre el recurso habeas corpus presentado por su defensa para recuperar la libertad y afrontar fuera de la cárcel el proceso penal en su contra.
El juez suspendió la audiencia celebrada este jueves al considerar necesario que las partes remitan documentación adicional antes de resolver el recurso.
González, que participó de forma telemática desde la cárcel de la ciudad andina de Riobamba, se declaró víctima de una “persecución política” y defendió su inocencia ante el tribunal. “Nunca pedí asilo en el extranjero porque soy inocente y voy a dar la pelea junto a mi pueblo”, señaló.
La excandidata, que disputó la Presidencia de Ecuador al actual mandatario, Daniel Noboa, en las elecciones de 2023 y 2025, defendió ser una persona “de honor, principios y palabra” y expuso su situación familiar, recordó que es madre soltera y que su hijo menor de edad se ha tenido que quedar a cargo de sus padres, ya mayores.
En el procedimiento, además, el exjuez y abogado español Baltasar Garzón presentó un amicus curiae, una figura jurídica que permite a terceros aportar argumentos para contribuir al análisis judicial.
González fue detenida el pasado 22 de octubre en la provincia costera de Manabí, en el marco del denominado caso ‘Laberinto’, que investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la financiación de la campaña presidencial anticipada de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana, liderado en la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Según la Fiscalía, los investigados usaron dinero de las empresas del también encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, condenado por comercialización ilegal de combustibles a través de las estaciones de servicio que posee con su familia.
Un día después de su detención, la justicia aceptó el pedido del Ministerio Público de ingresar en prisión preventiva y fue trasladada desde Guayaquil hasta Riombamba, en la provincia andina de Cotopaxi.
Desde marzo, la política correísta ya estaba investigada por la Fiscalía bajo la imputación de lavado de dinero respecto a los fondos recibidos por la Revolución Ciudadana para financiar la campaña de 2023, un caso al que llamaron ‘Caja Chica’.
EFE
