Este miércoles 14 de enero se confirmó la excarcelación de 19 periodistas y trabajadores de la prensa que se encontraban detenidos arbitrariamente en Venezuela. Estas detenciones se produjeron entre 2022 y 2025 y formaron parte de un patrón sostenido de persecución penal contra comunicadores, caracterizado por procesos opacos, privaciones prolongadas de libertad y ausencia de garantías judiciales.
De acuerdo con el balance del SNTP, las personas excarceladas son: Roland Carreño, detenido el 2 de agosto de 2025 en Caracas; Julio Balza, detenido el 9 de enero de 2025 en Caracas; Nakary Ramos Mena, detenida el 8 de abril de 2025 en Caracas; Gianni González, detenido el 8 de abril de 2025 en Caracas; Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024 en Caracas; Gabriel González, detenido el 17 de junio de 2024 en Caracas; Luis López, detenido el 14 de junio de 2024 en La Guaira; Carlos Marcano, detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas; Leandro Palmar, detenido el 9 de enero de 2025 en el estado Zulia; Belises Salvador Cubillán, detenido el 9 de enero de 2025 en Zulia y nuevamente el 2 de agosto de 2025 en Caracas; Víctor Ugas, detenido el 18 de agosto de 2024 en Caracas; Ramón Centeno, detenido el 2 de febrero de 2022; Biagio Pilieri, detenido el 28 de agosto de 2024 en Caracas; Nicmer Evans, detenido el 13 de diciembre de 2025; Omario Castellanos, detenido el 16 de octubre de 2025; Yorbin García, detenido el 18 de octubre de 2025; Carlos Lesma, detenido el 8 de octubre de 2025; Mario Chávez, detenido el 6 de mayo de 2025; y Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025.
IPYS Venezuela ha documentado que estas personas fueron imputadas, de manera reiterada y sin sustento probatorio suficiente, por delitos graves y desproporcionados, utilizados de forma recurrente para castigar la expresión pública, el disenso y la labor informativa. Entre las acusaciones más frecuentes figuran: terrorismo, instigación o incitación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales, magnicidio en grado de tentativa, alteración del orden público, difusión de noticias falsas, extorsión y resistencia a la autoridad, así como presentaciones ante tribunales con competencia en terrorismo, incluso en casos donde los hechos imputados no guardaban relación alguna con conductas violentas.
En múltiples expedientes, IPYS Venezuela registró impedimentos para el ejercicio de la defensa privada, imposición de defensores públicos sin consentimiento de las personas detenidas y restricciones al acceso oportuno a los expedientes judiciales, lo que configuró escenarios de indefensión jurídica. Asimismo, en varios casos se produjeron desapariciones forzadas de corta y mediana duración, caracterizadas por la negativa u omisión de las autoridades a informar sobre el paradero de las personas detenidas tras su aprehensión, traslados a lugares no revelados o incomunicación prolongada, prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
Estas excarcelaciones ocurren en un contexto político altamente tensionado, marcado por presiones internacionales, una crisis de legitimidad institucional y la necesidad del poder político de reconfigurar su narrativa interna y externa. El anuncio realizado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas privadas de libertad, debe leerse como una decisión política coyuntural, más que como una rectificación estructural de las prácticas de criminalización.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó desde el Palacio de Miraflores que el proceso de excarcelación de presos políticos “se mantiene abierto”, señalando que estas liberaciones no han concluido y que forman parte de un proceso iniciado en diciembre de 2025. Rodríguez afirmó que, según cifras oficiales, hasta la fecha suman 406 liberaciones previstas en estos días y que el mecanismo sigue en marcha, casi una semana después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante de personas”.
Por su parte, la ONG Foro Penal informó que registraba más de 800 presos políticos en Venezuela y había confirmado 72 excarcelaciones, una cifra muy inferior a la anunciada por las autoridades.
Las excarcelaciones no anulan la arbitrariedad de las detenciones ni reparan el daño causado. Tampoco implican garantías de no repetición, especialmente mientras persistan las mismas figuras penales, los mismos tribunales y las mismas lógicas de castigo selectivo.
IPYS Venezuela reitera que ninguna de estas personas debió estar detenida, que la libertad no puede ser presentada como una concesión política y que el Estado venezolano mantiene una deuda grave con el respeto al debido proceso, la libertad personal y la libertad de expresión. Exigimos libertad plena, el cese de la persecución contra periodistas y trabajadores de la prensa, garantías de no repetición y la liberación inmediata de quienes aún permanecen privados de libertad.
Nicmer Evans
El politólogo Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, fue detenido el 13 de diciembre de 2025 y permaneció privado de libertad durante un mes y un día en El Helicoide antes de su excarcelación.
Yorbin García
El reportero gráfico, Yorbin García, colaborador del medio Palpitar Trujillano, fue detenido por funcionarios del Sebin el 18 de octubre de 2025 en Isnotú, estado Trujillo, y posteriormente presentado ante tribunales e imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad. Permaneció injustamente preso 2 meses y 27 días en la cárcel Yare II.
Omario Castellanos
El estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú, Omario Castellanos, fue detenido este 16 de octubre, junto a su madre y su hermano, luego de que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresaran a su vivienda, ubicada al oeste de Barquisimeto, estado Lara. Estuvo preso durante dos meses y 29 días en la cárcel de Yare. Castellanos forma parte del equipo del medio digital Soy Larense.
Carlos Marcano
El periodista y profesor universitario Carlos Marcano fue sacado de su casa el 23 de mayo de 2025, en la víspera de las elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela. Estuvo privado de libertad 7 meses y 22 días. Altos funcionarios del Estado lo acusaron de estar implicado en un supuesto plan para boicotear esos comicios, sin que se presentaran pruebas públicas verificables de los cargos imputados. El 5 de junio Marcano fue trasladado sin notificación oficial desde la sede de Zona 7 de la PNB a la cárcel de Tocorón
Nakary Ramos Mena y Gianni González
El 10 de abril de 2025 el Tribunal Primero de Control de Caracas ordenó la privación de libertad de la periodista Nakary Ramos, reportera del medio digital Impacto Venezuela, y de su esposo Gianni González, asistente de cámara. Permanecieron privados de libertad durante 9 meses y 6 días. Ambos fueron acusados de instigación al odio y difusión de noticias falsas, pocos días después de la publicación de un reportaje sobre el aumento de la inseguridad en Caracas. La pareja estuvo desaparecida por al menos 70 horas antes de que se confirmara oficialmente su detención. Ramos fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y González trasladado a El Rodeo II. Tienen una hija de cinco años.
Julio Balza
El 9 de enero de 2025 fue detenido y víctima de desaparición forzada Julio Balza, del equipo del Comando con Vzla. Permaneció privado de libertad en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (Zona 7) durante 1 año.
Leandro Palmar y Belises Cubillán
En el estado Zulia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrestaron el 9 de enero de 2025 a Leandro Palmar y Belises Cubillán, trabajadores de la Radio Universidad del Zulia (LUZ Radio), cuando hacían la cobertura informativa de la manifestación realizada en la Plaza de la República, en Maracaibo. Estuvieron privados de libertad 1 año y cinco días en la prisión de Tocorón.
Roland Carreño
Estuvo preso por 17 meses, tras su detención el 2 de agosto de 2025 en Caracas. Gran parte de su reclusión ocurrió en El Helicoide, la prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y posteriormente fue trasladado a El Rodeo. Carreño ya había sido detenido entre 2020 y 2023 por su militancia política; fue liberado en ese entonces bajo el marco de las negociaciones del Acuerdo de Barbados y redujo significativamente su actividad política antes de su nueva detención.
Luis López
El periodista Luis López, reportero del diario La Verdad de Vargas, fue detenido el 14 de junio de 2024. El 19 de junio, el fiscal general de la República informó públicamente que López había sido imputado por los presuntos delitos de instigación al odio y asociación para delinquir, sin que se presentaran pruebas verificables que vincularan su labor periodística con hechos delictivos. Estuvo privado de libertad durante 1 año y 7 meses en la cárcel El Rodeo.
Ismael Gabriel González
González es integrante del equipo de comunicaciones de Vente Venezuela, fue detenido en junio de 2024. De acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio Público, González fue imputado por instigación al odio y asociación para delinquir. Estuvo privado de libertad durante 1 año y 7 meses en la sede de El Helicoide.
Carlos Julio Rojas
La primera detención arbitraria contra un periodista registrada este 2024 fue la de Carlos Julio Rojas, también activista social. Permaneció privado de libertad durante 1 año, 8 meses y 30 días. El lunes 15 de abril dos hombres encapuchados y vestidos de negro, que iban a bordo de una camioneta plateada sin placas ni identificación de algún cuerpo policial, se lo llevaron cuando caminaba por La Candelaria, en Caracas.
El día después de su detención, el fiscal general anunció que la orden de aprehensión contra el activista social fue acordada por el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, por los delitos de terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa. El 18 de abril se pudo conocer que Rojas se encontraba recluido en la sede de El Helicoide, y fue hasta el 26 de mayo que sus familiares pudieron visitarlo por primera vez. No se le permitió ser defendido por sus abogados de confianza.
Biagio Pilieri
El 28 de agosto de 2024 fue detenido tras salir de una movilización opositora. Permaneció privado de libertad 16 meses. Pilieri permaneció recluido en la sede de El Helicoide, donde estuvo incomunicado y sin acceso a defensa privada. Fue acusado de conspiración, terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria.
Ramón Centeno
Detenido el 2 de febrero de 2022 cuando investigaba un operativo antidrogas para el diario Últimas Noticias. Fue acusado de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones.
Permanecen detenidos:
Juan Francisco Alvarado
El 20 de marzo de 2025 fue detenido el estudiante de Comunicación Social Juan Francisco Alvarado, de la Universidad Fermín Toro, por funcionarios de la GNB en el PAC “La Cascada”, en Cojedes. Fue acusado de instigación al odio por publicaciones críticas en redes sociales. El tribunal ordenó su reclusión en el mismo punto de detención, sin traslado a un centro penitenciario regular.
Rory Branker El 20 de febrero de 2025 fue detenido el periodista Rory Branker, editor del portal La Patilla, por funcionarios del Sebin. Aunque inicialmente se informó su traslado a El Helicoide, su paradero no fue confirmado y hasta la fecha permanece en condición de desaparición forzada. Su vivienda fue allanada sin orden judicial y se incautaron equipos de trabajo. Posteriormente, Diosdado Cabello lo acusó públicamente de extorsión y difusión de información falsa, sin presentar pruebas.
