A menudo, al discutir la situación de Venezuela, la conversación gravita de manera natural hacia las emergencias más inmediatas y visibles: la crisis humanitaria, el alto costo de la vida, la destrucción del sistema de salud, el daño ecológico, la fuga de cerebros, la migración masiva y los recientes impactos sísmicos. Sin embargo, estos problemas son meras cicatrices superficiales y síntomas de un fallo mucho más profundo.
El colapso multifactorial de Venezuela nunca fue un accidente ni el mero resultado de una mala gestión económica o de la caída de los precios de las materias primas; representa el desmantelamiento deliberado y sistemático de las estructuras democráticas y de mercado para transformar al Estado en un instrumento de control, búsqueda de rentas y redes ilícitas globales.
La trampa del Estado Inapropiado: de bien público a instrumento de control
En un Estado democrático sano, las instituciones proveen bienes públicos básicos: seguridad física, un marco legal predecible, derechos de propiedad estables y reglas de juego claras que fomentan la creatividad humana y el emprendimiento. Bajo el modelo del Socialismo del Siglo XXI, por el contrario, estas funciones fueron radicalmente pervertidas. Siguiendo la ideología socialista-comunista que tan claramente demostró su absoluto fracaso durante el siglo XX —tanto en el ámbito económico, al llevar las economías a la ruina, como en el terreno sociopolítico, donde la libertad ciudadana fue rigurosamente suprimida—, este régimen impulsó una ola de expropiaciones arbitrarias, controles de cambio, fijación de precios, distorsiones fiscales y la destrucción deliberada de un poder judicial independiente, desmantelando así los contrapesos que protegen la libertad individual.
La lógica autoritaria detrás de esta arquitectura es evidente: la libertad económica genera ciudadanos independientes, y los ciudadanos independientes representan una amenaza directa para el poder absoluto. Para someter a la sociedad, el régimen instrumentalizó mecanismos fundamentales:
Populismo y clientelismo: Los programas sociales, la distribución de alimentos y la asignación de viviendas públicas se convirtieron en herramientas de coerción política, subordinando el mérito y la ciudadanía a una dependencia total.
Sobreburocratización y opacidad: El exceso intencional de trámites y trabas burocráticas forzó a ciudadanos y emprendedores a la informalidad y la corrupción solo para sobrevivir.
Manipulación fiscal y monetaria: El uso discrecional de instrumentos como el presupuesto público nacional y la erosión deliberada de la independencia del Banco Central para financiar déficits y propaganda, aumentando drásticamente el control social.
Estado paralelo y marco legal socialista: La estructuración de un Estado paralelo que anuló las instituciones y estructuras tradicionales, complementado con la imposición inconstitucional de leyes orgánicas socialistas y la figura del Estado Comunal.
Deterioro institucional y redes ilícitas transnacionales
La demolición de los controles constitucionales y legales creó un vacío institucional que, al igual que la naturaleza aborrece el vacío, fue rápidamente capturado por la delincuencia. El Estado venezolano mutó de una entidad soberana tradicional a un nodo estratégico dentro de las redes globales del comercio ilícito y la criminalidad transnacional.
En el ámbito interno, el Estado comenzó a promover activamente economías criminales, como la minería ilegal destructiva en la cuenca del Orinoco, el tráfico de drogas y operaciones masivas de lavado de dinero, enredando el poder oficial con el crimen organizado. En el frente geopolítico, potencias extrahemisféricas (como Rusia, Irán y China) y aliados regionales como Cuba aprovecharon este colapso para establecer una cabeza de playa geopolítica con el fin de evadir sanciones internacionales, proyectar influencia y desafiar el orden global basado en reglas y a la sociedad occidental en su conjunto. Así, la crisis venezolana dejó de ser un problema local para convertirse en una amenaza directa a la seguridad de todo el hemisferio.
Transición y el peligro de las soluciones rápidas
Las acciones decisivas lideradas por el presidente Donald Trump el 3 de enero de 2026, que atacaron con éxito a Maduro y Flores para llevarlos ante la justicia, fueron un hito histórico que rompió por completo la ilusión de impunidad absoluta en la cúpula. Al no estar Maduro, la conversación gira naturalmente hacia las soluciones políticas. Sin embargo, la experiencia demuestra que remover a un jefe de Estado y celebrar elecciones son pasos necesarios, pero totalmente insuficientes.
Si un nuevo gobierno hereda exactamente la misma maquinaria institucional, las mismas leyes centralizadas, juntas directivas corruptas y redes en la sombra, simplemente heredará las herramientas del abuso. Bajo la superficie, los clanes políticos, las estructuras paralelas del Estado comunal y los vectores criminales permanecen al acecho, esperando capturar cualquier nueva oportunidad.
De ahí la vital importancia de la Fase 1, tal como se describe en el plan de tres fases de EE. UU. para Venezuela presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, el cual estructura la transición en: (1) Estabilización, (2) Recuperación y (3) Transición Política. Esta fase inicial se enfoca en prevenir el caos y asegurar el control sobre los recursos clave. Una verdadera estabilización requiere desmantelar la arquitectura criminal de alto nivel, atacar la red central de impunidad, neutralizar los vectores ilícitos transnacionales de alto rango y romper la estructura general del poder antes de intentar cualquier transición política o económica superficial. Sin ejecutar con éxito la Fase 1, cualquier esfuerzo posterior colapsará bajo el peso del aparato del “Estado profundo”.
Lograr una base genuina para la renovación requiere abordar la arquitectura profunda de la supervivencia autoritaria: neutralizar los aparatos de seguridad e inteligencia multinivel que mantienen el terror social, cortar los vastos flujos financieros generados por las economías ilícitas patrocinadas por el Estado —como la minería ilegal y los narcóticos— y desmantelar las estructuras de mando paralelas integradas en las instituciones públicas.
Aunque se han demostrado avances iniciales notables mediante golpes decisivos contra grandes sindicatos criminales transnacionales como el Tren de Aragua y otras redes de tráfico, junto con la liberación de un número significativo de presos políticos, persisten desafíos críticos. Una población sustancial de presos políticos permanece detenida, y la maquinaria subyacente de represión estatal y coerción institucionalizada continúa en todo el país, lo que subraya por qué saltar directamente a una apertura política o económica superficial sin completar este desmantelamiento fundamental sería catastrófico.
Del mismo modo, existe un riesgo latente de caer en falsos atajos que prioricen exclusivamente la recuperación económica y las rondas de inversión sin llevar a cabo la profunda reestructuración institucional necesaria. Apostar por una apertura económica apresurada mientras la arquitectura corrupta permanece intacta equivale a “construir rascacielos sobre arenas movedizas”. Entregar privatizaciones o activos a las mismas élites que destruyeron el país no constituye una reforma real; al contrario, funciona como un mecanismo para lavar capitales, blanquear responsabilidades criminales y perpetuar las estructuras de poder bajo una nueva marca corporativa.
Además, las maniobras recientes, como los ajustes selectivos a las regulaciones petroleras y mineras, combinados con una retórica superficial sobre la simplificación administrativa que rara vez se traduce en una desregulación genuina, sirven meramente como una fachada para el control estatal permanente. Esta dinámica queda marcada por arreglos controvertidos, incluyendo acuerdos que involucran a NABEP y a figuras como Alejandro Betancourt, los cuales ilustran claramente cómo las indulgencias económicas selectivas se diseñan a la medida para beneficiar a personas favorecidas con influencias. Agravando esta podredumbre estructural se encuentra la ausencia total de credibilidad dentro del ámbito judicial interno, que permanece completamente desprovisto de independencia, profundamente comprometido por la corrupción y cooptado por agendas políticas e ideológicas en conflicto.
Reconocemos plenamente que los imperativos geopolíticos con frecuencia moldean decisiones complejas a puerta cerrada; sin embargo, normalizar la impunidad sistémica y rebautizar a los corruptos influyentes como empresarios de élite invita a una catástrofe a largo plazo en todo el hemisferio. No podemos permitirnos poner la carreta delante del caballo, ni podemos abrazar atajos que institucionalicen la impunidad, un libreto que ya hemos visto desarrollarse en la era possoviética y en Europa del Este.
Como nos recuerda el proverbio, no hay nada nuevo bajo el sol y, independientemente del disfraz que elijan usar, un lobo sigue siendo un lobo.
Conclusión
La tragedia de Venezuela es una profunda advertencia para todos los defensores de la libertad y del orden institucional. La reactivación económica y la renovación institucional deben avanzar a la par, exigiendo un rediseño de incentivos donde la seguridad jurídica, la propiedad privada, la transparencia y el trabajo honesto sean debidamente recompensados. Una transición exitosa y rigurosa será un pilar indispensable para la estabilidad y prosperidad hemisférica, mientras que el fracaso y los falsos atajos auguran la institucionalización de la perversión en la región.
La libertad nunca está garantizada; requiere instituciones vigilantes, robustas y descentralizadas que la protejan de quienes buscan capturar al Estado con fines autoritarios.
