Desde principios de 2025, al menos siete personas han sido detenidas en Venezuela por fingir ser funcionarios de organismos judiciales, policiales y administrativos, dejando en evidencia cómo la profunda corrupción local ha convertido a la administración pública en una forma de crimen organizado.
Por Insight Crime
El caso más reciente se registró en el estado Carabobo, en el centro del país, donde un abogado fue arrestado luego de usurpar funciones como fiscal del Ministerio Público. El detenido cobraba altas sumas de dinero a ciudadanos a cambio de entregar información sobre causas penales y acelerar trámites judiciales. A raíz de este hecho también fueron imputados el fiscal superior y otros diez fiscales de la región, señalados de estar en connivencia con el detenido.
A comienzos de septiembre, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, también advirtió que criminales estarían suplantando la identidad de funcionarios de ese organismo para estafarlas.
“Hemos detectado una modalidad de estafa, donde personas inescrupulosas están usurpando la identidad de nuestros comisarios del CICPC para engañar y captar víctimas”, afirmó.
También resalta el arresto de una mujer en julio, luego de presentarse falsamente como alcaldesa del Esequibo, una región en disputa entre Venezuela y Guyana. La detenida ofreció contratos y participación en proyectos mineros a cambio de dinero, aprovechándose de la confusión generada por el propio Estado venezolano, que en las cuestionadas elecciones regionales eligió un gobernador en esa zona, pero no designó municipios ni alcaldes.
De manera similar, se ha identificado a personas que fingieron ser funcionarios de diversas instituciones públicas, incluidas las fuerzas militares, registros y notarías.
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