En representación de la Fuerza Unitaria de Monagas y de la Sociedad Civil de Trabajadores Petroleros, la arquitecto Iraima López Valverde fijó una contundente posición ante la firma de los denominados contratos “írritos”, mediante los cuales se pretenden comprometer 17 campos de la Faja Petrolífera del Orinoco por un período de entre 25 años y 100 años.
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López Valverde advirtió que estos compromisos, acordados al margen de la Constitución y sin la ratificación de una Asamblea Nacional legítima ni licitación pública, adolecen de nulidad absoluta. La dirigente gremial enfatizó que cualquier administración democrática deberá rescindir de inmediato tales acuerdos, los cuales involucran unos 65 mil millones de barriles de petróleo, al considerar que ninguna autoridad de facto ni potencia extranjera tiene potestad para disponer de los recursos de la nación.
La representación regional cuestionó duramente la viabilidad de estos pactos y denunció que las empresas involucradas carecen de la capacidad técnica requerida para recuperar las plantas petroleras. Asimismo, rechazó la presencia de figuras señaladas por corrupción internacional, citando el caso de Alejandro Betancourt, a quien vinculan con el colapso del sistema eléctrico que actualmente somete a gran parte del país a prolongados cortes de energía.
En el ámbito laboral, el pronunciamiento alertó sobre la reactivación de listas negras en instalaciones estratégicas de Pdvsa, como Santa Bárbara, El Tejero y Ezequiel Zamora.
“Bajo la etiqueta de ‘no aplica’, personal técnico calificado está siendo apartado por motivos ideológicos, una práctica que coarta el derecho al trabajo y deteriora el talento humano local. A este panorama se suma el riesgo de expolio ecológico en las cuencas fluviales debido a la ausencia de estudios ambientales, aunado a la rebaja opaca de las regalías al 16.2 %”, explicó.
Ante la crisis institucional, la Fuerza Unitaria de Monagas supeditó cualquier avance económico al restablecimiento de la soberanía popular y el Estado de derecho. López Valverde dejó claro que no es éticamente admisible pactar acuerdos financieros mientras persista la detención de ciudadanos por defender la democracia.
Por último, la organización exigió la liberación inmediata de los presos políticos, la refundación de un Tribunal Supremo de Justicia independiente postulado por la sociedad civil y las universidades, y la realización de comicios libres que reconozcan el mandato popular encabezado por María Corina Machado.
