La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA) determinó este viernes 4 de septiembre que la salida del poder de Nicolás Maduro y la posterior transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones de Venezuela que debe ser considerado al evaluar el temor de persecución de una solicitante de asilo venezolana.
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El organismo, dependiente del Departamento de Justicia de EE.UU., anuló la decisión de un juez de inmigración que había concedido asilo a la mujer y devolvió el expediente para que se realice un nuevo análisis. La BIA consideró que el juez no evaluó suficientemente cómo los cambios políticos posteriores al 3 de enero afectan el riesgo particular que enfrenta la solicitante.
La venezolana había ingresado a Estados Unidos como estudiante en 2014 y posteriormente fue incluida como beneficiaria derivada en la solicitud de asilo presentada por su esposo en 2015. Su propio Formulario I-589 fue presentado el 19 de marzo de 2026 y su caso se basa en su oposición política al régimen de Maduro.
La mujer declaró que ella y su esposo participaron en actividades de grupos prodemocráticos en Venezuela y que fueron amenazados e intimidados por personas que consideraban simpatizantes del régimen de Maduro. También afirmó que su esposo fue agredido y que el chavismo anuló su pasaporte en octubre de 2025. Tras la salida de Maduro del poder, continuó expresando públicamente su oposición a través de redes sociales.
La BIA aclaró que el cambio de liderazgo no significa automáticamente que desaparezca el riesgo de persecución. El organismo señaló que la permanencia de funcionarios, instituciones, fuerzas de seguridad u otros actores asociados con el antiguo régimen puede ser relevante para determinar si una persona continúa expuesta, pero sostuvo que la salida de Maduro modificó las circunstancias políticas que deben ser consideradas.
Asimismo, la Junta destacó otros cambios que, a su juicio, deben formar parte del análisis, entre ellos la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la cooperación entre Washington y el régimen de Delcy Rodríguez y los avances que, según el Departamento de Estado, se han producido hacia una transición democrática.
El caso también deberá ser revisado por un segundo motivo: la BIA determinó que el juez de inmigración no estableció si la solicitud de asilo presentada en 2026 cumplió con el requisito legal de presentar la petición dentro del primer año, o si la solicitante reúne las condiciones para una excepción. Si la petición resulta admisible, el juez deberá volver a evaluar el temor de persecución; si está fuera de plazo, deberá analizar otras formas de protección migratoria contempladas por la ley estadounidense.
