A Luis Erasmo Martinez en su Memoria
La crisis eléctrica venezolana debe analizarse más allá de las deficiencias de infraestructura, la falta de inversión o las dificultades administrativas. Después de más de dos décadas de deterioro, sus consecuencias también se expresan en el comportamiento, las expectativas y la capacidad de planificación de millones de ciudadanos. La exposición prolongada a interrupciones del servicio, incertidumbre y carencias permanentes obliga a las familias a reorganizar su vida alrededor de necesidades que deberían estar garantizadas. Desde los estudios sobre la psicología de la escasez sabemos que cuando una persona concentra buena parte de sus recursos mentales en resolver problemas inmediatos, disminuye su capacidad para planificar, tomar decisiones y proyectarse hacia el futuro. La electricidad, por tanto, dejó de ser solamente un servicio deficiente para convertirse en un factor que condiciona la tranquilidad, la productividad y el bienestar social.
La nueva Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional plantea algunas posibilidades que merecen consideración. La apertura a distintas formas de participación, la incorporación de inversión privada, los mecanismos de autogeneración y la posibilidad de desarrollar soluciones territoriales pueden contribuir a diversificar la gestión y mejorar la capacidad de respuesta. También podría representar una oportunidad para reducir la dependencia absoluta de un modelo centralizado, que durante años concentró las decisiones en el poder nacional sin conseguir garantizar un servicio estable. Sin embargo, una cosa es reconocer nuevas alternativas en el papel y otra muy distinta es asegurar que estas se traduzcan en resultados. La participación ciudadana no puede convertirse en una figura decorativa, ni la descentralización en una simple distribución de responsabilidades sin recursos, competencias y capacidad de decisión.
Pero la principal debilidad de la propuesta está en la distancia entre sus aspiraciones y las condiciones reales para ejecutarla. Una reforma jurídica no recupera por sí sola centrales deterioradas, subestaciones, líneas de transmisión ni equipos que requieren años de mantenimiento e inversión. Tampoco resuelve automáticamente la falta de personal especializado, la pérdida de capacidad técnica y las deficiencias de planificación. El proyecto, que al 6 de noviembre había avanzado hasta el artículo 95 de sus 119 artículos en segunda discusión, todavía debe superar el debate legislativo correspondiente. Su viabilidad dependerá de algo que no puede quedar sujeto a declaraciones: la disponibilidad de recursos financieros, un inventario transparente de las necesidades del sistema, un cronograma de inversiones y mecanismos independientes de supervisión. Sin esos elementos, existe el riesgo de crear nuevas expectativas sobre una infraestructura cuya recuperación exige mucho más que una modificación normativa.
Hay además una contradicción política que no puede pasar inadvertida: quienes durante años dirigieron y centralizaron el sector, y tienen responsabilidad en las decisiones que condujeron a su deterioro, son ahora quienes presentan una reforma como expresión de renovación y rectificación. Durante mucho tiempo, las explicaciones oficiales trasladaron la responsabilidad hacia las sequías, las condiciones climáticas, los sabotajes y posteriormente las sanciones internacionales. Aunque estos factores pueden incidir en el funcionamiento de cualquier sistema energético, las advertencias técnicas sobre falta de mantenimiento, insuficiencia de inversiones y deficiencias de planificación precedieron a las sanciones. El problema de fondo es que una transformación institucional pierde credibilidad cuando quienes deben impulsarla no reconocen con claridad las decisiones que contribuyeron a producir la crisis. Cambiar el discurso, flexibilizar algunas disposiciones o permitir nuevos actores no equivale necesariamente a cambiar la cultura de gestión. La rectificación exige responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas.
Desde una perspectiva social, el aspecto positivo que podría generar esta reforma sería comenzar a romper la dependencia absoluta del ciudadano respecto de un Estado que concentró las decisiones, pero no consiguió garantizar la continuidad del servicio. Para ello se necesita recuperar la capacidad técnica regional, permitir inversiones sujetas a reglas claras, fortalecer la participación comunitaria y garantizar que los sectores de menores ingresos no queden excluidos de las soluciones. También es indispensable reconocer que la población arrastra un desgaste que no desaparece con la aprobación de una ley. La recuperación eléctrica debe formar parte de una transformación institucional más amplia, con autoridades responsables, controles efectivos, planificación profesional y una relación distinta entre el poder público y la sociedad.
La crisis eléctrica venezolana deja una enseñanza que trasciende al propio sector: ningún país puede reconstruir sus servicios públicos sin revisar las decisiones políticas que provocaron su deterioro. Esta reforma puede abrir una oportunidad, pero no sustituye los más de veinte años de problemas acumulados ni garantiza por sí misma su solución. Se requieren recursos, conocimiento técnico, inversión sostenida, descentralización efectiva y transparencia en el manejo de los fondos. Pero, sobre todo, se necesita un cambio en la conducción del Estado que permita superar un modelo agotado, establecer responsabilidades y reconstruir la confianza ciudadana. Una verdadera transición de gobierno debe traducirse en instituciones que respondan a la sociedad y no en una simple reorganización de quienes ejercen el poder. Porque recuperar la electricidad no significa únicamente devolverle la luz al país; significa devolverle al venezolano la posibilidad de organizar su vida sin que la incertidumbre determine su futuro.
IG, X: @freddyamarcano
