Pasé dos días en el estado Monagas. El Programa de Organización Ciudadana (POC) sesionó de manera presencial en Maturín, en la sede del Colegio de Ingenieros, bajo la coordinación de su presidente, Jesús Ramos y de su equipo. Antes de la sesión me reuní con líderes comunitarios, vecinales y con productores ganaderos del estado. No fueron reuniones protocolares: fueron conversaciones largas, con libreta abierta, sobre agua, electricidad, petroleo, vialidad, inseguridad jurídica en el campo y la angustia de las familias que tienen un preso político. Esas acciones de calle son las que sostienen la articulación social. Sin ellas, cualquier ruta política es apenas un papel.
De regreso a Caracas cumplí las reuniones acostumbradas con líderes vecinales y comunitarios de Caracas. Esta vez correspondió a la parroquia Macarao. Su gente está rodeada de basura, con los servicios colapsados. Y a pesar de eso, quiero que esto se lea bien, lo que pedían no era consuelo: pedían el mensaje, la orientación, la tarea. Preguntaban por las elecciones presidenciales del año que viene, por la Mesa de Diálogo, por los magistrados. En Macarao no encontré un pueblo derrotado. Encontré un pueblo esperando instrucciones.
Y hay razones para esa espera activa. Este miércoles 11 de noviembre vence el lapso para presentar credenciales ante el Comité de Postulaciones Judiciales. Al cierre de la semana pasada el Comité reportaba 539: 447 para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 59 para inspectores de tribunales y 33 para la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura. El Comité aprobó por unanimidad el baremo de evaluación, con mayor peso para la formación académica, e instaló un consejo técnico para revisar las credenciales. Después vienen las impugnaciones, entre el 23 y el 26 de noviembre, y la presentación de los seleccionados a la Asamblea Nacional, prevista para el 11 de diciembre.
Digo las fechas con precisión porque ahí está la tarea de la sociedad civil. Un cronograma publicado no es una garantía: es un compromiso que alguien tiene que cobrar. Y la vigilancia ciudadana no es una consigna, son tres cosas concretas. Primero, que los lapsos se cumplan y no se reabran ni se acorten según convenga. Segundo, que el baremo se aplique igual para todos y que el expediente de cada aspirante pueda ser conocido. Tercero, que el período de impugnaciones sea real: que quien tenga una objeción documentada la presente y reciba respuesta motivada. Desde la Federación de Colegios de Abogados y desde la Alianza Social para una Justicia Independiente mantenemos la regla que nos dimos nosotros mismos: se documenta, no se difama.
Se viene, además, una prueba histórica para los juristas venezolanos que han dado muestras de compromiso con el país. A quienes lleguen al Tribunal no les bastará ser buenos jueces: tendrán que ser hombres y mujeres de Estado. Porque además de iniciar la reconstrucción del Poder Judicial, cerca de mil cuatrocientos tribunales, una mayoría abrumadora de jueces sin titularidad, expedientes perdidos, personas presas sin sentencia, les corresponderá, dentro de las competencias que la Constitución y las leyes les asignan, contribuir al restablecimiento del orden constitucional. Eso pasa, en mi opinión, por resolver con derecho la pregunta que el país tiene atravesada: quién ejerce legítimamente la Presidencia de la República. El artículo 233 de la Constitución enumera las causales de la falta absoluta y asigna al Tribunal Supremo un papel preciso en su declaratoria. No es una invención nuestra: es el texto. Un Tribunal que no se atreva a leerlo habrá cambiado de integrantes sin haber cambiado de función.
Esta semana María Corina Machado hizo lo que hay que hacer: se fue a la puerta de un penal a acompañar a los familiares de presos políticos que llevan días en un campamento esperando noticias, y después caminó una de las zonas de Caracas más golpeadas por el doble sismo. No fue un acto. Fue una presencia. Y enseña el método: la política que sirve es la que llega donde está el dolor y le pone nombre, fecha y responsable.
Eso mismo hacemos desde el POC, con menos cámaras y la misma convicción: estado por estado, parroquia por parroquia, ya en nueve estados del país. Por eso el llamado de este artículo es sencillo, y es para usted, que lee esto y siente que no puede hacer nada. Sí puede. Puede sumarse al comité de su sector o de su calle. Puede registrar y reportar la falla del servicio en lugar de solo padecerla. Si es abogado, puede inscribirse en la veeduría del proceso de selección del Tribunal. Puede acompañar a una familia que tiene un preso. Puede estar, el año que viene, donde se cuentan los votos.
Venezuela no va a cambiar el día en que juren treinta y dos magistrados. Va a cambiar el día en que haya suficientes venezolanos organizados para que esos treinta y dos no puedan hacer otra cosa que cumplir. Esa es la diferencia entre esperar y esperanzar: la primera se hace sentado, la segunda se hace de pie y acompañado. En Maturín y en Macarao vi gente que ya escogió. Sumémonos.
