El 18 de octubre de 1945 marcó un punto de quiebre en la historia venezolana, pero también dejó una interrogante de plena vigencia: ¿cuánto puede transformarse un país cuando sus gobernantes se suceden sin que se desmantelen las estructuras de poder que los sostienen? La transición del gomecismo hacia Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, así como la secuencia política que discurre desde Hugo Chávez hacia Nicolás Maduro y, tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026, hasta Delcy Rodríguez, permite examinar las continuidades, las rupturas y los intereses geopolíticos que condicionan los procesos de cambio en Venezuela.
Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, López Contreras inició una apertura gradual que Medina profundizó entre 1941 y 1945. Aunque ambos procedían del aparato militar gomecista, Medina promovió la legalización de los partidos, mayores libertades públicas y reformas económicas sustanciales. Sin embargo, la elección presidencial se mantuvo indirecta. La pretensión de López Contreras de reasumir el mando, las fisuras internas dentro del oficialismo y la imposibilidad de consensuar la sucesión desencadenaron una crisis profunda que culminó en la rebelión cívico-militar del 18 de octubre. Aquel episodio inauguró una nueva etapa política, pero al mismo tiempo interrumpió una evolución institucional que para algunos avanzaba, con sus limitaciones, pero para otros era la urgencia del cambio y la democratización plena.
La coyuntura internacional ejerció una influencia determinante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el crudo venezolano adquirió un valor estratégico de primer orden para los Aliados. Medina aprovechó ese contexto para promulgar la Ley de Hidrocarburos de 1943 e incrementar la participación estatal en la renta petrolera. Esta experiencia demuestra que la dinámica política nacional jamás ha estado al margen de los intereses energéticos globalizados. Asimismo, enseña que la relevancia estratégica de los recursos naturales no asegura por sí sola que sus dividendos se traduzcan en bienestar social, autonomía económica ni en el fortalecimiento de las instituciones.
La Venezuela configurada por el chavismo en 1998, continuada por Maduro y conducida hoy por Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo expone otra modalidad de continuidad. Rodríguez no constituye un actor ajeno al sistema que hoy encabeza: desempeñó responsabilidades neurálgicas durante ambas gestiones y participó en decisiones clave que consolidaron dicho modelo político y económico. Las circunstancias actuales —signadas por la presión diplomática de Washington y la imperiosa necesidad de negociar con Estados Unidos— pueden forzar señales de apertura y giros en la narrativa oficial. Sin embargo, estos ademanes no deben equipararse de forma automática con un proceso democratizador efectivo. La verdadera apertura se verifica con hechos concretos: garantías políticas de peso, autonomía de los poderes públicos, pluralismo y condiciones verificables para la celebración de comisiones electorales libres.
Existe, además, una diferencia sustancial entre ambos momentos históricos. Mientras Medina procuraba distanciar su gestión de la de su antecesor e impulsar un rumbo reformista dentro del sistema heredado, Rodríguez fue un engranaje activo de la hegemonía chavista y del gobierno de Maduro. Si bien el nuevo escenario geopolítico puede obligarla a reconfigurar alianzas y prioridades —especialmente frente a la tutoría estadounidense y los nuevos acuerdos petroleros—, ello no invalida su trayectoria ni diluye sus responsabilidades políticas acumuladas. Al igual que en 1945, los hidrocarburos reasumen un papel central en la negociación del poder; la diferencia radica en el mapa geopolítico internacional, los mecanismos de presión y la naturaleza de los actores involucrados. La incógnita central es si estos reacomodos generarán reformas institucionales duraderos o si solo servirán para adecuar el régimen existente a una nueva correlación de fuerzas.
A ochenta y un años del 18 de octubre, la lección no se encuentra en creer que la historia se repite de manera lineal, sino en reconocer que sus contradicciones reaparecen bajo nuevas expresiones. El desenlace del gobierno de Medina demuestra que la apertura política carente de reglas sucesorias consensuadas puede derivar en una ruptura violenta; la coyuntura actual recuerda que una rotación de liderazgos tampoco constituye una garantía automática de transición democrática. Venezuela requiere superar la política concebida como la simple sustitución de cúpulas e impulsar la reconstrucción de instituciones legítimas, la salvaguarda de los derechos fundamentales, la justicia social y una soberanía efectiva sobre sus recursos. Una auténtica transición no se proclama mediante discursos ni pactos petroleros, sino a través de la capacidad colectiva de encauzar el relevo del poder de manera pacífica, en libertad, estabilidad y con mejoras tangibles en la calidad de vida de sus ciudadanos.
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