Lo primero fue firmar un contrato por 3.000 dólares, como si se tratara de una cifra menor, fácil de sacar del bolsillo escaso de Anabel. “Estaba sin trabajo, en los peores momentos, no tenía ayuda, aunque con tal de que liberaran a mi hija eso no importaba”, cuenta. Pero nunca nadie sacó a su hija del Centro de Detención Stewart, en el estado de Georgia, a donde fue trasladada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la madre terminó desembolsando cinco veces el valor de la cifra inicial. La hija, de 20 años, ahora está de regreso en la casa de Honduras, y en la nada quedaron los 15.000 dólares en gastos de abogados que le han dejado a Anabel el angustioso peso de verse endeudada.
Por El País
Stefan Latorre, fundador de la firma Latorre Law Firm, con oficinas en Carolina del Norte, parecía confiable. Un abogado “famoso” y premiado, anfitrión del programa radial La Verdad De La Ley. La familia de Anabel, de 40 años —quien pidió usar pseudónimo, pues está en medio de una demanda contra el Gobierno federal— llamó a sus oficinas cuando el pasado mes de febrero los oficiales del ICE cargaron con la madre y su hija. Anabel se encontraba trabajando, pintando apartamentos en el centro de Charlotte, mientras la joven cuidaba de sus hermanos en casa: uno de 17 años, que llegó junto a ellas a través de la frontera en 2014, y otros dos de ocho y nueve años, nacidos en Estados Unidos.
Los oficiales, armados, derribaron la puerta de la casa de la familia. Entraron en ausencia de la madre, revolcaron sus pertenencias, encontraron sus documentos migratorios. Dijeron que buscaban a un señor, y se comunicaron con Anabel para que regresara del trabajo de inmediato. En realidad, nunca supieron si estaban buscando a alguien más, porque lo cierto es que se las llevaron a ellas al hotel Holiday Inn, cercano al aeropuerto. “No sabían qué hacer con nosotros”, cuenta Anabel. Al cabo de una semana, los agentes soltaron a la madre, pero ese mismo día comenzó el calvario de la hija. Fueron ocho meses recluida en un centro de detención, donde “sufrió y aguantó muchísimas cosas”, y del que pensaron que en algún momento iba a salir.
Lo primero que le dijeron en la firma de Latorre fue que solicitarían una fianza para su hija. Anabel desembolsó los primeros 3.000 dólares por la contratación. “Tuve que sacar un préstamo para poder pagar ese dinero”, asegura. “Según yo, todo iba bien, pero esas personas me estaban engañando, diciendo que mi hija iba a salir bajo fianza”.
El día de la primera corte de la joven, el buffet envió a una abogada que estaba muy poco informada del caso. “Ni sabía quién era mi hija, no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, y me trató pésimo”, insiste la madre. Para una segunda corte, quiso consultar a otros letrados. Algo sospechaba, por la manera en que la trataban, o las veces que le cancelaron las audiencias, o la fianza que nunca se concretaba. No le faltaba razón. “Me dijeron: ¿tú sabías que tu hija no tiene derecho a fianza? El abogado solo me estaba robando”.
Anabel los encaró. Les dijo que quería su dinero de vuelta. “Ustedes son unos ladrones, ustedes piensan que la gente es tonta”, les dejó saber. “Devuélvanme mi dinero, porque si no lo hacen, los voy a denunciar. Quisieron poner excusas, pero al final se quedaron con poco más de 500 dólares y me dieron el resto. Fue una experiencia horrible”. Con el tiempo, la suma se había convertido en unos 5.000.
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