El legado de Núremberg no es un símbolo lejano para La Haya, sino el pilar práctico que sostiene el sistema penal internacional que acoge esta ciudad: jueces, fiscales y despachos trabajan con la arquitectura creada hace 80 años, desde la responsabilidad individual y juicios públicos, hasta la idea de que la autoridad estatal no protege frente a crímenes graves.
Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg juzgó a la cúpula política y militar de la Alemania nazi por crímenes contra la paz, de guerra y de lesa humanidad.
De aquellos procesos salieron los ‘Principios de Núremberg’: que las personas, y no el concepto abstracto de Estados, son los sujetos de la responsabilidad penal internacional, que no hay inmunidad absoluta para los jefes de Estado ante los crímenes más graves y que la obediencia a unas órdenes o leyes internas no es excusa para cometer campañas de exterminio.
La fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shameem Khan, subrayó a EFE que “Núremberg es reconocida como el lugar de nacimiento de la justicia penal internacional” y el trabajo de su oficina (OTP, en inglés) “se basa en el legado de Núremberg y en la promesa hecha a las víctimas y supervivientes de que ‘nunca más’ presenciaremos atrocidades que conmocionen la conciencia de la humanidad”.
La fiscal, a cargo de la OTP desde que Karim Khan se apartó en mayo hasta que finalice una investigación en su contra, recuerda que “Núremberg nos enseñó una lección esencial: la rendición de cuentas por crímenes atroces es indispensable para salvaguardar la dignidad humana” y los perpetradores “deben ser responsabilizados de su conducta criminal llevando esos actos al escrutinio» de un tribunal.
De Núremberg a La Haya
“Núremberg estableció la idea de que los Estados no pueden tratar a su población como quieran, hay límites que impone el derecho internacional”, añade a EFE James A Goldston, exabogado de la CPI y director de Iniciativa de Justicia Open Society (OSJI). “Ese principio, una vez fijado, ha ganado fuerza en las décadas posteriores”, subraya.
A partir de esos fundamentos se construyó la constelación de tribunales que hoy rodea al Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU en La Haya, fundado en junio de 1945.
El Consejo de Seguridad de la ONU creó los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia (TPIY) en 1993 y para Ruanda (TPIR) en 1994, que retomaron la lógica de Núremberg: perseguir a los máximos responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
De esos tribunales surgieron modelos “híbridos”, como el Tribunal Especial para Sierra Leona (2002) o las Cámaras Especializadas de Kosovo (KSC, 2017), y una jurisprudencia que alimentó la redacción del Estatuto de Roma de 1998, que permitió la fundación, en 2002, de la CPI.
La Haya también alberga hoy el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (MTPI), establecido para concluir la labor iniciada por el TPIY en La Haya y el TPIR en Arusha, que cerraron sus puertas en 2017 y 2012 respectivamente.
La CPI, heredero más visible de Núremberg, investiga hoy situaciones en Afganistán, Sudán, Myanmar (Birmania), Palestina, Venezuela y Ucrania, entre otras, pero sus investigaciones y órdenes de arresto son objeto de fuertes presiones políticas y campañas de descrédito. “La CPI ha afrontado fuertes vientos en contra desde su creación y su capacidad para hacer su trabajo se ha visto obstaculizada por muchas cosas”, lamenta Goldston.
Nuevo tribunal para Ucrania
Este aniversario llega en un momento en que Europa impulsa un nuevo tribunal especial en La Haya para un tipo de crimen que fue central en Núremberg, pero que la CPI no puede juzgar en el caso ucraniano: la agresión.
En junio se firmó en Estrasburgo el acuerdo que establece el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, destinado a juzgar a los máximos responsables de la invasión rusa.
La CPI solo puede ejercer jurisdicción sobre la agresión cuando tanto el Estado agresor como la víctima han ratificado el tratado fundacional y todas sus enmiendas, lo que no es el caso. “El esfuerzo debería centrarse en reforzar la misión de la CPI y permitirle hacer su trabajo pero, mientras no ocurra, otros tribunales tendrán que llenar el vacío”, añade el letrado.
Ochenta años después de aquellos juicios, el sistema construido sobre su ejemplo sigue siendo, en gran medida, un proyecto inacabado.
La fiscal recuerda que “las promesas de Núremberg son hoy tan relevantes como siempre” y cada procedimiento representa “no solo una obligación jurídica, sino también una obligación moral: defender derechos de las víctimas, reafirmar el Estado de derecho y asegurar que la rendición de cuentas siga siendo una promesa viva, no una aspiración lejana”. EFE
