El juez del caso Koldo se prepara para procesar al cerebro de la trama
09 Oct 2026, 12:18 5 minutos de lectura

El juez del caso Koldo se prepara para procesar al cerebro de la trama

Por La Patilla

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Koldo García, en un momento de su declaración Fernando Villar Agencia EFE

 

La pieza principal de la trama Koldo se prepara para enfilar su camino al banquillo. El magistrado que investiga esta macrocausa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a todas las partes personadas en las diligencias para que informen sobre el procedimiento a seguir en el marco de esta investigación en la que figuran como imputados el cerebro de la trama, Juan Carlos Cueto, y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, entre otros.

Por larazon.es

En su providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado reclama a las partes que informen también sobre contra quien seguir y los hechos que se atribuyen a estas personas. Se trata de la pieza principal del caso Koldo que arrancó a tenor de una querella de Anticorrupción por irregularidades con la adjudicación de los contratos del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos con la empresa Soluciones de Gestión.

En el marco de esta causa se imputó a los altos cargos de Puertos del Estado y de Adif implicados en la contratación, además de Koldo García, su hermano Joseba, su mujer Patricia Úriz, y el comisionista Víctor de Aldama. Sin embargo, el avance de las pesquisas supuso la irrupción de Ábalos y, por tanto, la inhibición de la causa al Tribunal Supremo, toda vez que entonces estaba aforado.

El enchufe de Jésica

Así pues, el Tribunal Supremo asumió las pesquisas sobre Ábalos (y también sobre Koldo y Aldama por la conexidad de los hechos) pero la causa mollar se quedó en la Audiencia Nacional. A la pieza principal se adhirió también todo lo relacionado con la contratación en Ineco y en Tragsatec de Jesica Rodríguez, quien fuera pareja de Ábalos. Además del hermano y la mujer de Koldo, en esta causa permanecen como imputados el dueño de Soluciones de Gestión y presunto cerebro de la trama, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche (quien figuraba como único administrador de la empresa zaragozana).

La investigación penal arrancó contra todos ellos por las comisiones que se anotaron con los contratos del Ministerio de Transportes. En concreto, la compra de mascarillas se materializó desde dos entes dependientes de este departamento: Puertos del Estado y Adif. Al respecto, también figuran como investigados el exsecretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, aunque esta última fue imputada por la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez en dos entes dependientes de Transportes.

Este asunto comenzó investigándose en el Tribunal Supremo pero se remitió a la Audiencia Nacional. Tanto Pardo de Vera como el que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero siguen imputados por los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El juicio en el Supremo

El grueso del conocido inicialmente como “caso mascarillas”, inicio del periplo judicial que acorrala al Gobierno y al PSOE, fue juzgado en el Tribunal Supremo este verano, cuya sentencia se conoció el pasado 22 de junio. La Sala de lo Penal asumió la causa contra el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su principal asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. La Justicia desgajó esta rama del entramado porque el otrora “hombre fuerte” de Pedro Sánchez era aforado, ya que no renunció a su acta como diputado.

Fue el primer varapalo judicial para el Ejecutivo. El tribunal condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses de cárcel, y al comisionista a 4 años y medio, aplicándosele una atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia y suspendiendo su entrada entre rejas.

La sentencia consideró acreditado que los tres formaron una organización criminal para adjudicar irregularmente 13 millones de mascarillas en lo peor de la pandemia a la empresa Soluciones de gestión, que según Anticorrupción dependería de Cueto. Además, se probaron pagos periódicos de 10.000 euros mensuales a Ábalos, que la trama costeó el piso de lujo de Jésica Rodríguez en Madrid así como las viviendas de las villas de lujo en las que se hospedó Ábalos en los veranos de pandemia y que habrían costeado miembros de la trama.

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