“¿Cómo me comunico si me tienen aquí encerrada en cuatro paredes sin comunicación alguna, escuchando cómo torturan a personas al lado para sacar la información?”. Con esa pregunta, Yarian Revete, hija de Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, describió durante una entrevista con Luis Olavarrieta las presuntas presiones que sufrió mientras permaneció detenida tras los enfrentamientos de julio de 2021 en la Cota 905, en Caracas, donde también denunció actuaciones policiales que habrían provocado la muerte de varios integrantes de su familia.
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La joven aseguró que estuvo recluida aproximadamente dos semanas y media, mientras los cuerpos de seguridad intentaban obtener información sobre el paradero de su padre, quien había escapado después de perder el control territorial que ejercía su organización. Según explicó, los interrogatorios estuvieron acompañados de ofrecimientos para favorecer su liberación y la de su madre, también detenida durante aquellos acontecimientos.
“En ese transcurso de tiempo que a mí me tienen detenida, me ofrecieron 100 y 1000 maravillas de ‘entréganoslo y te libramos a ti y te libramos a tu mamá'”, relató. La entrevistada sostuvo que desconocía dónde se encontraba Revete y que no tenía manera de comunicarse con él, pese a que los funcionarios insistían en que podía proporcionar datos para localizarlo.
Las presuntas intimidaciones también incluyeron episodios de violencia contra otros detenidos que, según Yarian, ocurrían cerca de su celda. “¿Cómo sacan a las personas desmayadas? Lo hacían a propósito, de manera de como meterme presión de lo que podía pasar”, manifestó. Añadió que fue evaluada por psicólogos y terapeutas durante su reclusión porque los investigadores sospechaban que su padre la había preparado para resistir los interrogatorios.
Los acontecimientos se produjeron después de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, desarrollada entre el 7 y el 9 de julio de 2021. El balance de Monitor de Víctimas contabilizó 37 fallecidos, incluidos civiles alcanzados por balas perdidas y personas presuntamente ejecutadas por funcionarios. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre patrones de uso desproporcionado de la fuerza durante operaciones de seguridad en sectores populares del país.
Revete identificó entre las presuntas víctimas a Anthony Suárez, primo de su madre, quien, según su testimonio, trabajaba en el mercado de La Hormiga y no pertenecía a la megabanda. “A él lo asesinan, se meten en su casa, sacan a mi familia, a mis tías, mis tíos, para que no presenciaran y no fueran testigos de lo que iban a hacer”, denunció. Agregó que después del procedimiento los funcionarios lo habrían presentado como integrante de la organización criminal.
La entrevistada mencionó igualmente a Georgi Suárez, un adolescente de 17 años, que se había trasladado a Ocumare por recomendación de su abuela para mantenerse alejado de los operativos en Caracas. Según relató, el joven habría presenciado un presunto robo cometido por funcionarios policiales antes de ser asesinado. “Ahí lo asesinaron por el hecho de nada más presenciar cómo otros policías se metían a robar en una casa. Junto a él estaban otros dos niños de 15 y 16 años. Los desaparecieron y hasta el día siguiente se encontraron sus sus cuerpos”, aseguró.
Las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales continuaron después de los enfrentamientos iniciales. Una investigación posterior de Monitor de Víctimas documentó otras 38 muertes durante operaciones desarrolladas entre el 10 de julio y el 11 de agosto de 2021. En al menos seis casos, familiares denunciaron que los fallecidos habían sido ejecutados por funcionarios, mientras otros dos cuerpos fueron encontrados en el río Guaire.
La persecución contra su entorno, según Yarian, no terminó con la muerte de Revete en febrero de 2022. La joven afirmó que fue detenida nuevamente cuando acudió a realizar un trámite ante el Saime y descubrió que tenía una presunta alerta de Interpol. “Él no está, pero estás tú. Así que quiero que sepas que te voy a meter un homicidio y me las vas a pagar”, recordó que le habría dicho un funcionario policial. Aseguró que la intervención de una fiscal encargada de la protección de menores permitió resolver el incidente.
Al recordar las consecuencias personales de aquellos acontecimientos, la joven reconoció el daño que las actividades de su padre ocasionaron a su entorno, pero cuestionó que se trasladaran responsabilidades penales a sus familiares. “No solamente yo, toda mi familia pagó algo que tristemente no nos correspondía. No justifico las acciones de mi papá, pero pienso que había otras maneras”, expresó. También relató que recuperó su libertad un día antes de graduarse de bachillerato y que su madre salió de prisión el 1 de abril de 2022, bajo un régimen de presentación judicial.
