Steven, un niño venezolano de 14 años con autismo, está reviviendo una pesadilla.
Él y su papá, Víctor Romero Martínez, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos desde México en mayo de 2025, con la esperanza de reunirse con su mamá en el suburbio de Glen Ellyn.
Fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza y pasaron 70 días en el Centro de Detención Familiar en Dilley, Texas, un centro de detención que alberga a familias inmigrantes, antes de recibir libertad condicional en agosto de 2025.
Cuando Steven, cuyo apellido se omite para proteger su privacidad, y Romero Martínez, de 52 años, fueron liberados, comenzaron el lento proceso de reconstruir sus vidas. Tras meses en detención, establecieron una rutina —Steven estaba asistiendo a la escuela— y comenzaron a recuperarse del trauma del confinamiento.
Pero en diciembre, se vieron forzados a regresar a la detención en Texas. Steven ahora está entre muchos niños detenidos en el centro, donde él y otros navegan por recibir atención adecuada a pesar de una política de décadas que generalmente prohíbe que los niños sean mantenidos por períodos prolongados.
Ahora su mamá, que no quiso ser identificada por temor a arriesgar su estatus migratorio, y su abogado están librando una batalla cuesta arriba para evitar su deportación.
“Él apenas estaba empezando a prosperar, y es como si le hubieran cortado las alas”, dijo la madre de Steven.
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