Un alto funcionario del Departamento de Justicia ha dado instrucciones a más de media docena de fiscalías estadounidenses para que elaboren planes para investigar a un grupo financiado por George Soros, el multimillonario donante demócrata que el presidente Trump ha exigido que sea encarcelado.
La directiva del funcionario, cuya copia fue consultada por The New York Times, incluso incluye una lista de posibles cargos que la fiscalía podría presentar, desde incendio provocado hasta apoyo material al terrorismo. El memorando sugiere que los líderes del departamento están siguiendo las órdenes del presidente de que personas o grupos específicos sean objeto de investigación criminal, lo que supone una ruptura significativa con décadas de prácticas anteriores destinadas a proteger al Departamento de Justicia de la interferencia política.
Esta medida es el último ejemplo de cómo el Departamento de Justicia actúa contra los enemigos percibidos de Trump.
Durante el fin de semana, el presidente instó a la fiscal general Pam Bondi a actuar con celeridad para presentar cargos penales contra su némesis de toda la vida, el exdirector del FBI James B. Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien ha demandado al Sr. Trump y a sus empresas por cientos de millones de dólares. Fiscales federales del Distrito Este de Virginia están llevando a cabo investigaciones independientes sobre ellos, y es posible que pronto se solicite a los grandes jurados que voten sobre las acusaciones propuestas en esos casos.
En los últimos días, Trump ha reconsiderado sus quejas contra Soros, quien durante mucho tiempo ha sido el fantasma de la derecha , en parte por su apoyo a causas progresistas. Tras el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en Utah este mes, el presidente amenazó con usar las herramientas del gobierno para silenciar a los manifestantes liberales y a los donantes de grupos progresistas, incluido Soros.
El Sr. Soros fundó su red global de subvenciones, ahora conocida como Open Society Foundations, hace décadas para financiar iniciativas democráticas en todo el mundo, especialmente en países comunistas y excomunistas. En la década de 1990, la organización expandió su trabajo a Estados Unidos. Otorga subvenciones a grupos que trabajan por los derechos humanos, la democracia y la equidad, pero el Sr. Trump y algunos republicanos sostienen, sin aportar pruebas, que se trata de una red oscura que promueve el malestar social, las protestas violentas y la destrucción de propiedad. Los liberales afirman que estas afirmaciones son falsedades destinadas a reprimir la disidencia.
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