La administración Trump está intensificando los esfuerzos para acabar con las bandas que transportan drogas ilícitas a Estados Unidos, con ataques militares mortales en el mar y medidas para endurecer las fronteras como temas centrales.
Pero mientras Estados Unidos redobla sus intervenciones abiertas, los expertos advierten que los responsables políticos pueden estar pasando por alto un campo de batalla clave: las cárceles de toda la región.
Varias de las organizaciones criminales más poderosas de Latinoamérica no se forjaron en zonas fronterizas, calles ni escondites selváticos, sino en las cárceles de la región.
Superpobladas, con escasos recursos y a menudo prácticamente autogobernadas, estas instalaciones han servido durante mucho tiempo como incubadoras donde los grupos armados reclutan, se reorganizan y expanden su influencia.
En toda la región, al menos diez organizaciones se crearon o se fortalecieron tras las rejas.
De Tocorón a São Paulo
Ese es el caso del Tren de Aragua, citado por la administración Trump como el objetivo de recientes ataques a presuntos barcos con drogas que intensificaron las tensiones con el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no hubo evidencia sólida de una conexión entre los barcos y el grupo criminal.
Fundado dentro de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, a principios de la década de 2010, el grupo buscó inicialmente imponer orden interno para asegurar mejores condiciones de vida, según un informe de Transparencia Venezuela.
“Había una frustración social subyacente: resentimiento por el trato que el Estado daba a los presos”, declaró a CNN Ronna Rísquez, periodista venezolana y autora de “El Tren de Aragua”. “Las condiciones inhumanas y la falta de apoyo estatal contribuyeron directamente al auge de los pranes”.
Los pranes —acrónimo de Preso Rematado Asesino Nato— eventualmente se convirtieron en los gobernantes de facto de muchas cárceles venezolanas.
“Tenían control total. La Guardia Nacional y los directores de prisiones obedecían sus órdenes”, afirmó Rísquez. Cobraban impuestos a los reclusos, controlaban el contrabando e incluso dirigían operaciones externas de extorsión y secuestro.
El Gobierno allanó la prisión de Tocorón en 2023 y afirma que el grupo criminal fue desmantelado, aunque sus líderes, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y Johan Petric, siguen prófugos.
Esta misma dinámica se ha observado en toda la región. En Brasil, grupos del crimen organizado como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) surgieron en las cárceles a finales de los años setenta y noventa, cuando los reclusos se rebelaron contra el hacinamiento, los abusos y las precarias condiciones de vida.
Gregório Fernandes de Andrade, abogado penalista que pasó 16 años en el sistema por homicidios, declaró que las celdas estaban tan abarrotadas que los reclusos a menudo se amontonaban en hamacas improvisadas colgadas del techo por falta de espacio. “A menudo me encontraba en una celda de 4×4 metros con 40 reclusos”, comentó. “Teníamos que turnarnos para dormir”.
Según datos federales, las cárceles de Brasil operan con una ocupación del 140 %, con más de 700.000 reclusos en instalaciones construidas para menos de 500.000, una realidad común en los países latinoamericanos.
La demanda se convirtió en un negocio para los miembros de grupos organizados, que venden a los reclusos desde artículos de higiene hasta alimentos, seguridad física y ayuda legal.
Andrade, quien compartió celda con Roni Peixoto, uno de los líderes del Comando Vermelho, y reclusos vinculados al PCC, afirma que unirse rara vez se hace bajo coerción.
“No hay una pistola en la cabeza”, indicó. “La gente lucha por unirse por necesidad. Estas facciones te dan la bienvenida, más que el estado”.
CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno brasileño para obtener comentarios.
A mediados de la década de 2000, el PCC dominaba las cárceles de São Paulo. “Está presente en aproximadamente el 90 % de las unidades estatales, y los homicidios son prácticamente nulos.
El sistema ha sido ‘pacificado’ por el PCC durante casi 20 años”, afirmó Camila Caldeira Nunes Dias, socióloga y profesora de la Universidad Federal del ABC.
El PCC también dirige una de las redes de exportación de cocaína más poderosas de Sudamérica, abasteciendo los mercados europeos a través de los puertos brasileños, mientras que el CV domina los corredores de tráfico desde Perú a través de la Amazonía, según InSight Crime, un grupo que estudia el crimen organizado en las Américas.
Los expertos afirman que el trabajo realizado dentro de las cárceles fue crucial para el establecimiento de las pandillas en el mundo exterior.
Los líderes de pandillas ordenan la compra de drogas, la expansión territorial y los asesinatos desde la cárcel. “Llamamos a las cárceles las trastiendas del negocio”, declaró a CNN Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group. “Muchos líderes prefieren operar desde adentro porque allí están más seguros”.
Pero las disputas para lograr ese control de las celdas y de los reclusos que las albergan pueden ser mortales, especialmente en instalaciones donde coexisten múltiples facciones.
La disputa por las llaves de las celdas
En toda Latinoamérica, las masacres carcelarias por el control territorial se han convertido en una realidad recurrente.
En la cárcel venezolana de Uribana, una disputa entre jefes de pandillas en 2013 provocó la muerte de al menos 61 personas. En Brasil, una pelea similar desencadenó la infame masacre de la cárcel de Carandiru en São Paulo en 1992, donde murieron 111 reclusos y contribuyó al auge del PCC.
En Ecuador, esa dinámica se ha vuelto aún más explosiva. Debido a su papel estratégico en las exportaciones mundiales de cocaína, zonas como Guayaquil permitieron que actores extranjeros —carteles mexicanos, disidentes colombianos— se integraran en las pandillas locales. Cuando sus líderes fueron encarcelados, la lucha por el control se trasladó directamente a las penitenciarías.
Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador, afirma que las cárceles ecuatorianas a menudo están estructuradas en pabellones controlados por diferentes grupos, lo que incita al conflicto.
“Cada cuadra tenía su propia economía y liderazgo. Todo estaba privatizado y controlado por la pandilla”, explica. “Si tengo una disputa con un líder criminal, voy tras su cuadra, lo mato y me hago cargo de su estructura criminal”.
Esa realidad quedó crudamente expuesta tras el asesinato en 2020 de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, veterano líder de Los Choneros. Su muerte quebró el equilibrio que mantenía entre facciones rivales.
Los Lobos, Los Tiguerones y otros grupos se fragmentaron y comenzaron a luchar por el dominio, desencadenando masacres que mataron a más de 400 reclusos en varias provincias en menos de tres años, según InSight Crime.
Para los líderes de las pandillas, el derramamiento de sangre se justifica por las ganancias. Los mercados penitenciarios de Ecuador ahora valen más de US$ 200 millones anuales, más del doble del presupuesto operativo federal del SNAI, el organismo que supervisa el sistema penitenciario, que fue de aproximadamente US$ 99 millones en 2021.
Las cárceles se han convertido en puntos clave de la cadena global de cocaína, ofreciendo almacenamiento, logística y protección a los traficantes que transportan cargamentos a través de los puertos de Guayaquil.
CNN se ha puesto en contacto con el gobierno ecuatoriano para obtener comentarios.
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