Eran casi las cinco de la tarde de un día de inicios de agosto cuando se vio a Marta Pérez pedir dinero bajo el sol implacable que caía sobre el bulevar de San Rafael. La piel de arrugas finas, el vestido de rayas, el pelo a la altura del mentón y las uñas larguísimas, como una dama antigua, como una aparición por las calles de La Habana. Conducía un cochecito en el que iba su nieta de un año, de ojos curiosos, que se llama Cristi, o Crista, dice. Marta, de 70 años, no sabe precisar bien el nombre de la nieta, que la acompaña en la faena que nadie quiere hacer, porque quién, a la larga, desea extender la mano para que le pongan uno, dos, cinco pesos cubanos. Pero hay que comer. “Aunque sea un poquito de arroz y frijoles negros”, dice la señora. “Porque para comprar carne no tengo”.
Por Carla Gloria Colomé | EL PAÍS
Vive con su hija, una auxiliar pedagógica embarazada, sus tres nietos y su esposo, de 79 años, que recibe una pensión, pero “malamente le alcanza para comprar los mandados de la bodega”. Marta, que por años vendió croquetas, helados y refrescos en el restaurante El Viso, de El Vedado, también debía tener derecho a su jubilación, pero su expediente laboral se extravió y, por tanto, quedó en la nada el trabajo de toda la vida. A veces los vecinos la llaman: “Me dicen ven y lávame la ropa, que te voy a pagar”. En ocasiones limpia casas. Pero no alcanza el dinero, como no le alcanza a casi nadie en Cuba hoy.
Marta necesitaría aproximadamente 41.735 pesos cubanos (casi 100 dólares en el mercado informal) para garantizar un mes de comida digna, el equivalente a 20 salarios mínimos o dos años de pensiones para sentarse a la mesa con un plato de arroz, frijoles, carne, algún tipo de vianda o ensalada. Fueron los cálculos obtenidos por el Food Monitor Program (FMP), un programa enfocado en el rastreo y denuncia de la inseguridad alimentaria en Cuba, que controló por seis meses el precio de los alimentos en bodegas, mipymes, ferias y ventas en el mercado negro.
Es difícil sobrevivir hoy en el país de los apagones de hasta 18 horas, de las jornadas enteras sin servicio de agua, el país de las varias monedas, de la inflación del 10%, con alimentos cada vez más caros, y donde el dólar —que alcanzó la cifra histórica de más de 400 pesos en el mercado informal— se traga los pesos cubanos. Hay organizaciones que se han dedicado a contabilizar en números la desgracia cubana: la UNICEF asegura que uno de cada diez niños en la isla vive en condiciones de “pobreza alimentaria severa”; el FMP que cada vez más cubanos solo comen una vez al día; mientras que el último estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) revela que 7 de cada 10 cubanos ha dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos y que casi el 89% de la población vive en la extrema pobreza.
No obstante, la narrativa oficial procura huir de la palabra pobreza como ha evitado reconocer la desigualdad cada vez más acelerada, algo que la Revolución prometió erradicar o reducir al mínimo en su proyecto de país. La socióloga Elaine Acosta González, investigadora asociada al Instituto Cubano de Investigación, asegura que en Cuba hay una brecha cada vez mayor entre el discurso y la realidad, y entre las promesas y sus logros. “Son fenómenos que contradicen la retórica de la Revolución, que justamente había prometido un futuro mejor, de igualdad, de bienestar para toda su población. Lo que vemos 60 años después es un aumento de la pobreza o las desigualdades y, lo que es peor, una negación por parte del gobierno de cuáles son las causas estructurales que la están produciendo”, dice.
Esa negación fue, precisamente, la razón por la que el pasado mes de julio la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, dimitió del puesto 48 horas después de que dijera públicamente que en el país no había mendigos, aún cuando las calles de la isla están pobladas de personas sin hogar, clamando por dinero o comida. Aun así, la funcionaria insistió en que solo se trataba de personas “que aparentan ser mendigos”.
Los dirigentes cubanos, adaptados a tratar el tema de la mendicidad en el país con cualquier tipo de eufemismos al estilo de “conductas deambulantes” o personas en “situación de vulnerabilidad”, tuvieron que salir a reconocer la dimensión de tales declaraciones. El propio Miguel Díaz-Canel asumió de inmediato que el aumento de personas en situación de pobreza son “expresiones concretas de las desigualdades sociales y de los problemas acumulados” en décadas, no sin recalcar el compromiso de su Gobierno. Pero, como nunca antes, estallaron las alarmas de la rabia popular. Nunca un funcionario había sido expulsado del puesto por la fuerza del desprecio de los cubanos.
“Las declaraciones de la ministra causaron tal indignación porque llegaron en un momento donde la sociedad cubana está atravesando una de sus peores crisis, particularmente durante el verano, donde se resintieron los efectos más agudos de la crisis energética, la falta de agua, con un costo muy alto para la ciudadanía respecto de cómo sostener cotidianamente la vida”, dice Acosta González. La socióloga insiste en que no era la primera vez que los funcionarios o medios oficialistas abordaban “el problema de condición de calle desde una perspectiva criminalizadora, punitivista, transfiriendo la responsabilidad del empobrecimiento generalizado de la población a los individuos y no al resultado de políticas sociales que han abandonado los criterios distributivos e igualitaristas de antaño para transferir al mercado o la familia las responsabilidades del bienestar”.
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