Cuatro residentes de Washington y la organización de defensa de los migrantes CASA han presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump por lo que consideran un patrón de detenciones ilegales de migrantes en la capital. Los demandantes, que presentaron la querella el jueves en un tribunal del Distrito de Columbia, denuncian que, desde el 11 de agosto, cuando el presidente anunció que colocaba el Departamento de Policía Metropolitana bajo control federal y desplegaba a la Guardia Nacional para abordar una imaginaria crisis por el crimen en la capital, se han multiplicado los casos de detenciones y deportaciones sin que haya una orden judicial que las justifique.
Por El País
El principal demandante, José Escobar Molina, de 47 años, fue arrestado a pesar de tener un estatus migratorio válido. Salvadoreño de origen, reside en Estados Unidos desde 2001 con un permiso del programa TPS (Estatus de Protección Temporal). El 21 de agosto, salió de su edificio de apartamentos en el noroeste de Washington hacia su camioneta de trabajo, a punto de comenzar su jornada laboral, cuando dos autos se detuvieron junto a él. Agentes federales vestidos de civil y no identificados lo detuvieron, sujetándolo de brazos y piernas, y lo esposaron. Lo arrestaron sin orden judicial y sin preguntarle su nombre, identificación ni información sobre su estatus migratorio, según recoge la demanda.
“Pasó la noche en una celda estrecha con otras 75 personas, sin poder dormir, con solo una comida en esas 24 horas. A la mañana siguiente, un supervisor amable se dio cuenta de que nunca debió haber sido detenido, ya que tenía un estatus migratorio válido, y fue liberado. Ese impacto aún lo acompaña. Aún siente dolor físico por cómo los oficiales lo sujetaron mientras les suplicaba. Aún tiene pesadillas y teme por sus hijos ciudadanos, porque se parecen a él, y podría sucederles a ellos también”, explicó Austin Rose, abogado de Amica, una de las organizaciones que representa a los demandantes. Las otras son la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), CASA, el Proyecto Nacional de Inmigración, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y el bufete de abogados Covington & Burling LLP.
“Los agentes federales encargados de la aplicación de las leyes migratorias están obligados por ley a contar con una orden judicial para realizar arrestos o a realizar determinaciones específicas e individualizadas de causa probable antes de una detención. Sin embargo, nuestra denuncia detalla cuántas personas están siendo arrestadas sin orden judicial, sin ninguna investigación aparente sobre sus circunstancias individuales”, manifestó Madelaine Gates, abogada que lleva el caso.
Desde el 11 de agosto, se han producido en torno a 1.000 detenciones ilegales de migrantes, según los datos que aportan. En la mayoría de los casos, alegan, los agentes no se identifican, no explican el motivo del arresto y no informan a dónde son llevados los detenidos, que pueden acabar deportados.
Los cuatro demandantes particulares fueron detenidos a pesar de tener sus permisos en regla. Uno de ellos, identificado por las iniciales N.S., fue arrestado sin motivo aparente cuando salía de realizar unas compras con su esposa. Venezolano de 51 años y con una petición de asilo pendiente, fue trasladado a distintos centros en el mes que estuvo detenido. Su arresto dejó “un impacto devastador en él y su familia”, denunció el abogado Rose. “No es insignificante ni fugaz. Es permanente. Y además de ilegal, es inhumano y despreciable, y por eso debe terminar”, añadió.
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