La decisión judicial, anunciada este martes por un portavoz del Tribunal del Distrito Ostankino de Moscú y citada por la agencia TASS, implica la transferencia inmediata de casi cien propiedades al Estado ruso.
Por Infobae
Según la orden, la Fiscalía General demostró que Momotov era el verdadero propietario de diversos activos, incluidos 95 inmuebles y participaciones en la cadena hotelera Morton, registrada en varias regiones de Rusia. Estas propiedades y participaciones figuraban a nombre de sus socios, Ivan y Andrei Márchenko, quienes, de acuerdo con la acusación, actuaban como testaferros. El valor total de los bienes asciende a 9.000 millones de rublos, equivalentes a más de 112 millones de dólares al cambio actual.
La causa judicial se inició tras una investigación impulsada por la Fiscalía General, destinada a comprobar la correspondencia entre los gastos de funcionarios y altos cargos y sus fuentes legales de ingresos. Momotov, quien ocupó su puesto en el Supremo desde 2010 hasta la revocación de su cargo el 26 de septiembre, quedó en el foco tras detectarse estas disparidades patrimoniales.
En una audiencia previa, la Fiscalía acusó a Momotov de utilizar su inmunidad y posición como juez para proteger actividades ilícitas relacionadas con la cadena Morton. Entre las acusaciones también figura la provisión de servicios sexuales en los establecimientos hoteleros, además de la presunta vinculación de Andrei Marchenko y su hijo Ivan, de 29 años, con redes de crimen organizado.
Durante el proceso, Marchenko reconoció que su relación con Momotov se remonta a la década de los noventa, cuando ambos eran vecinos en Krasnodar. Según testigos aportados por la Fiscalía, el ex juez organizaba de manera habitual fiestas a puerta cerrada en sus propiedades, a las que asistían jueces, así como miembros del Ministerio del Interior y del Servicio Federal de Seguridad (FSB).
A pesar de las acusaciones, Momotov ha negado cualquier responsabilidad en los hechos imputados. De acuerdo con la agencia TASS, el ex magistrado abandonó el tribunal antes de conocerse el veredicto definitivo.
La demanda de la Fiscalía General se presentó el 23 de septiembre, un día antes de la destitución del fiscal general Igor Krasnov, quien fue designado posteriormente como presidente del Tribunal Supremo tras orden de Vladimir Putin. Algunos analistas independientes consultados por medios rusos, citados también por TASS, consideran probable que el caso tenga motivaciones políticas, aunque no se ofrecieron mayores detalles al respecto.
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