Los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles han promulgado, por separado, múltiples medidas en apoyo a los afectados por la campaña de deportaciones masivas del presidente estadounidense Donald Trump, con lo que el estado construye un muro de contención a las políticas antiinmigrantes del líder republicano.
La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó la noche del martes una proclamación de emergencia debido a las redadas migratorias a gran escala que han azotado la zona desde junio pasado, lo que le permitirá al concilio movilizar y solicitar recursos para proveer ayuda a las familias afectadas.
Los autores de la medida argumentan que las tácticas de control migratorio de la Casa Blanca han provocado un temor generalizado, lo que desembocó en una disminución de la asistencia de trabajadores y estudiantes, golpeando la economía del condado.
La proclamación de emergencia también se habría dado en respuesta a la hecha por el gobernador de California, Gavin Newsom, que autorizó en junio pasado a todos los departamentos a tomar las medidas necesarias para proteger y estabilizar a las comunidades golpeadas por las redadas.
Newsom también promulgó en los últimos días una serie de leyes que favorecen a las comunidades inmigrantes. El domingo firmó la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495) que permite a familiares de los migrantes detenidos tomar la tutela de los menores que quedan abandonados.
La medida también prohíbe a las guarderías recopilar información sobre la situación migratoria de los niños y sus progenitores.
«Nuestros hijos merecen sentirse seguros en casa, en la escuela y en la comunidad. Queremos dejar constancia de nuestro apoyo a nuestras familias y su derecho a proteger su información privada, a mantener la patria potestad y a ayudarlas a prepararse en caso de emergencia», dijo Newsom al firmar la iniciativa.
El gobernador californiano, que se ha convertido en uno de los rostros demócratas de mayor oposición a Trump, también firmó la Ley de Protección de los Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), que impedirá que los agentes de inmigración accedan a los datos de vendedores informales recopilados por los gobiernos locales.
La ley además prohíbe a los gobiernos locales que expiden permisos para la venta ambulante preguntar sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de los vendedores, o exigir verificaciones de antecedentes mediante huellas dactilares.
El muro de contención avalado por los demócratas en California también incluye leyes como la AB 49 que prohíbe a los funcionarios y empleados escolares permitir que los agentes migratorios ingresen en las escuelas sin una orden judicial.
La SB 81 establece directrices sobre la interacción de los funcionarios de la salud con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en centros médicos y en áreas no públicas de un hospital.
Newsom también promulgó la SB 98, que exige a las escuelas primarias y secundarias notificar a los padres cuando el ICE esté en el campus o en sus alrededores. También envía notificaciones a los estudiantes de colegios comunitarios y universidades públicas de California si el ICE está cerca de sus instalaciones.
La SB 627 prohíbe a las fuerzas federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras similares. Esta nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Newsom ya había firmado la ley SB 805 que exige a los agentes mostrar de forma visible al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.
Estas dos últimas leyes han sido tajantemente rechazadas por la Casa Blanca bajo el argumento de que pone en riesgo a sus fuerzas federales.
EFE
