El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó la tarde de este lunes 8 de diciembre, sobre una nueva ola de traslados arbitrarios de presos políticos en Venezuela, una práctica que estaría poniendo en riesgo inmediato la vida de personas detenidas por motivos políticos, entre ellas el ciudadano Aldo Roso Vargas (70 años).
Por: lapatilla.com
Según la denuncia difundida en su cuenta oficial de la red social X, varios detenidos fueron sacados en las últimas horas desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, en Caracas, con destino a distintos centros penitenciarios del país.
Entre los trasladados estaría Aldo Roso, quien permanece detenido de forma arbitraria desde el 4 de julio de 2024, acusado injustamente de terrorismo.
De acuerdo con familiares y personas cercanas, Aldo Roso padece varicocele, hernia inguinal que evolucionó a un tumor y recientemente presentó un cuadro alarmante de sangrado urinario, fiebre y debilidad severa.
Un informe médico forense emitido en febrero de 2025 ordenó su traslado urgente a un hospital para una intervención quirúrgica; sin embargo, las autoridades han impedido reiteradamente que se concrete el procedimiento.
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En agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a su favor por el grave riesgo que enfrenta.
Pese a las advertencias médicas y las medidas internacionales de protección, Aldo Roso estaría siendo trasladado al penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, considerado uno de los centros de reclusión con peores condiciones del país.
La preocupación es aún mayor debido a antecedentes recientes. Dos presos políticos detenidos en el contexto poselectoral, Osgual González y Jesús Rafael Álvarez, fallecieron en la cárcel de Tocuyito por presunta negligencia y negación de atención médica.
Asimismo, denunciaron que los traslados de presos políticos a estados lejanos agravan el sufrimiento de sus familias, dificultan el apoyo emocional y económico, y profundizan la vulnerabilidad de hogares ya afectados por la persecución y la pobreza.
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La organización exigió el cese inmediato de los traslados arbitrarios, así como el suministro de información oportuna y verificada a los familiares de los detenidos.
“Es urgente detener la arbitrariedad y la muerte de personas inocentes en cárceles políticas”, advirtieron, reiterando la exigencia de libertad plena e inmediata para todos los presos políticos en Venezuela.
