La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) informó este martes 16 de diciembre, que otorgó medidas cautelares a favor de nueve nicaragüenses privados que fueron condenados a penas de hasta 133 años por un ataque armado contra una caravana de sandinistas, que dejó cinco personas muertas y 40 heridos en julio de 2014.
En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de esos nueve hombres tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, «toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Nicaragua» bajo la custodia del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Los beneficiados con medidas cautelares son Walter Balmaceda y su hijo de su mismo nombre, Jairo Obando, Eddy Gutiérrez, Zacarias Cano, Rosendo Huerta, Leonel Poveda, José Olivar Meza y José Ricardo Cortez, de acuerdo con la resolución de la Cidh.
La Justicia nicaragüense declaró culpable a los acusados por los delitos de conspiración, proposición para la ejecución de delitos de crimen organizado en concurso real de asesinato, lesiones gravísimas y daño agravado.
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La caravana fue atacada cuando los sandinistas regresaban de celebrar en un acto de masas el aniversario 35 de la caída del presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle.
Según CIDH, los beneficiarios se encuentran sin acceso a atención médica adecuada para tratar sus afectaciones de salud y en condiciones precarias de detención, que incluirían la falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y celdas insalubres.
Además, estarían siendo objeto de amenazas por parte de los agentes penitenciarios. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, ese organismo solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias.
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También que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellas:
Asimismo, se garantice que no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario; se asegure el acceso a atención médica adecuada y especializada, tratamientos y medicamentos, e inmediatamente, se realice una valoración médica integral sobre su situación de salud;
Además, informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
EFE
