El fin de semana que acaba de concluir fue trágico para la sociedad democrática venezolana. Fuimos sacudidos e impactados por la terrible noticia del fallecimiento, en el centro de torturas del Helicoide, de nuestro amigo y luchador por la democracia, el exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz.
Alfredito —como todos lo conocíamos— tenía más de un año preso, totalmente aislado de su familia y amigos, sin derecho a la defensa y sin un proceso penal que legitimara de forma alguna su secuestro. De acuerdo con las versiones de sus familiares, venía sufriendo diversas patologías sin que los agentes de la dictadura se ocuparan de garantizarle atención médica de ninguna naturaleza.
La dictadura condenó a una muerte lenta a este valiente líder popular de la isla de Margarita, al negarle atención médica, someterlo a un aislamiento total y mantenerlo recluido en condiciones infames.
De acuerdo con el informe de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, han muerto en las cárceles del país 25 presos bajo custodia del Estado.
Una cifra escandalosa que revela la catadura moral de la cúpula roja y de los funcionarios obligados a velar por la integridad física y moral de los privados de libertad, especialmente de la gigantesca cantidad de presos políticos.
El país conoce la maldad con la cual se ha ejecutado la política de arrasar con toda la dirigencia democrática: secuestrando, asesinando y persiguiendo a miles de ciudadanos cuyo único “delito” fue participar en la campaña electoral presidencial del año pasado o haber cumplido funciones como autoridades electorales.
Hoy tenemos cerca de 2.000 presos políticos, más de 3.000 ciudadanos judicializados y más de 5.000 desplazados dentro del territorio nacional, sin contar los miles que han debido abandonar el país para salvaguardar su vida y su libertad.
Maduro reveló recientemente el objetivo de esta operación de terrorismo de Estado: “desaparecer a la derecha”. El pasado lunes 10 de noviembre de 2025, en una reunión del PSUV, el dictador afirmó:
“La derecha maltrecha desapareció del escenario político nacional y solo le queda para amamantar las amenazas de la bestia imperialista del norte”.
Lo que verdaderamente revela esta declaración es la perversión del personaje. Para él, “derecha maltrecha” somos todos los venezolanos que repudiamos su barbarie. Cuando afirma que hemos desaparecido del escenario político nacional, es porque en su mente anida la idea de desaparecernos: es decir, eliminarnos física y políticamente.
Para ello ha apelado a la más brutal escalada de violencia que gobierno alguno haya desatado en nuestra historia reciente. El volumen de presos, exiliados y muertos generados por las órdenes de Maduro no tiene antecedentes en el último siglo venezolano.
Su deseo de “desaparecer a la derecha” evidencia su responsabilidad en los protocolos aplicados por sus esbirros, quienes han desatado una cacería de brujas secuestrando a cualquier ciudadano que exprese una opinión disidente o ejerza su derecho a la protesta, derecho que, aunque consagrado en la Constitución, ha sido confiscado por instrucciones del usurpador de Miraflores.
A los ciudadanos secuestrados se les aísla de forma permanente, impidiéndoles toda comunicación con familiares y abogados. A muchos se les somete a infames torturas físicas y psicológicas. A otros se les niega asistencia médica hasta llevarlos a la muerte, como acaba de ocurrir con el exgobernador margariteño.
Por supuesto, todos estos presos tienen pseudoexpedientes forjados, basados en chismes y notas carentes de valor jurídico, pero suficientes para que los agentes judiciales de la dictadura acusen y condenen —sin proceso alguno ajustado a los principios elementales del derecho— a miles de inocentes. En la mayoría de los casos, los juicios nunca se efectúan o se adelantan a paso de morrocoy. En otros, se realizan juicios exprés para condenar a inocentes.
El caso más reciente y relevante de estos aberrantes procesos es el de la Dra. Marggie Xiomara Orozco Tapias, médica de 65 años, a quien se le aplicó la pena máxima reservada para delitos como homicidio, secuestro o violación. La profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su “delito” fue que, en medio del fragor de la campaña presidencial del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de San Juan de Colón, en el estado Táchira, invitándolos a votar en contra de Nicolás Maduro y responsabilizándolo de la crisis económica que atraviesa el país.
Este cuadro —agravado por el crimen cometido con la muerte del exgobernador Alfredito Díaz— constituye prueba más que suficiente de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro y su camarilla.
Ratifica además la opinión del Vaticano, expresada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, quien afirmó que “Maduro representa la oscuridad y la muerte”.
¿Puede alguien negar que esa afirmación está más que comprobada con la muerte, la tortura y la injusticia del Helicoide, solo por mencionar el más visible campo de concentración del socialismo del siglo XXI?
La expulsión de la camarilla usurpadora de los aposentos del poder es hoy más que nunca una suprema necesidad para la nación venezolana, que padece esta barbarie diariamente y recibe cada día una noticia peor que la anterior sobre los desafueros y crímenes del régimen.
El asesinato de Alfredito Díaz nos duele a todos los demócratas. Su espíritu libertario sigue vibrando en el corazón del país. Se equivocan los esbirros si creen que con estas muertes lograrán “desaparecer” a los luchadores; por el contrario, surgirán más hombres y mujeres firmes dispuestos a alzar la bandera de la democracia y la libertad.
