Marco Bello (REUTERS)
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una enorme red de blanqueo de capital procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La investigación, que tiene ramificaciones en distintos países europeos, mantiene imputadas a seis personas, entre ellas a Alejandro Betancourt, un magnate venezolano que es dueño de la rentable marca de lentes de sol española Hawkers, entre otros muchos negocios. El juez Pedraz, tras emitir una orden de detención a Londres, logró tomarle declaración allí el pasado octubre y acaba de levantar el secreto de sumario de la causa. España solicitó a Reino Unido su extradición, según confirmaron distintas fuentes jurídicas, si bien el magistrado tras escucharle dejó esta orden sin efecto.
Por Irene Dorta | El País
La Fiscalía Anticorrupción recibió el 10 de septiembre de 2024 una petición de la Fiscalía de Zúrich (Suiza) para que España se incorporara a una investigación en curso ya en varios países que analizaba el blanqueo de dinero relacionado con la Petrolera Estatal Venezolana (PDVSA) y con la Oficina Nacional del Tesoro de aquel país. Lo llamaban Operación Bolívar.
Zúrich explicaba que allí llevaban años de pesquisas tras una “información espontánea” del departamento de investigaciones de seguridad de Estados Unidos (Homeland Security Investigations) que alertó del lavado de dinero por esta vía. El origen delictivo está, precisamente, en el país americano. Ante “la gravedad de los hechos”, Anticorrupción decidió iniciar una investigación que se centra en “la operación de saqueo del Estado Venezolano” mediante “operativas de cambio de divisa” canalizadas a través del petróleo, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Tras pedir varios informes a la Policía, el pasado 17 de junio de 2025, el ministerio público interpuso una querella contra Betancourt, así como contra su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga y otras tres personas, dos de ellas también originarias del país bolivariano. A los principales investigados se les vincula con los bolichicos, un grupo de empresarios de Venezuela que consiguió amasar una fortuna en el país al calor del chavismo entre 2009 y 2011.
La investigación ahora en curso —y cuyo secreto se levantó este 11 de noviembre— considera que el desfalco comenzó en 2010, cuando los denunciados empezaron, presuntamente, a desviar valores patrimoniales de PDVSA hacia sus propias cuentas a través de un complejo sistema opaco de sociedades contrapuestas. Fuentes jurídicas creen que la operativa pudo durar “al menos hasta 2019”.
La Fiscalía Anticorrupción considera que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de euros. Con esos fondos, se han abierto sociedades y se han comprado acciones de todo tipo. Dice el ministerio público que los funcionarios venezolanos que fueron sobornados ya han reconocido su implicación ante las autoridades de Estados Unidos y han sido declarados culpables y condenados allí. Ese es, por tanto, el origen delictivo y a partir de ahí España y el país helvético están indagando en el lavado de dinero cada uno en su propio territorio.
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