El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, alertó sobre la situación en Valera, estado Trujillo, donde la Defensoría del Pueblo mantiene en seguimiento la atención de unos 50 estudiantes tras registrarse una presunta intoxicación masiva en dos planteles. El caso encendió las alarmas debido a la escasez de insumos médicos en centros hospitalarios y la recurrencia de estos episodios.
Por Mundo UR
La contingencia sanitaria generó preocupación tras un comunicado del alcalde del municipio Andrés Bello, José Reyes, quien tildó el hecho como un «saboteo» e instó a la comunidad a «hacer justicia», una postura cuestionada por especialistas debido a la politización del suceso en lugar de priorizar la emergencia médica.
Al respecto, Trapani enfatizó la necesidad de priorizar el bienestar de los afectados antes de emitir juicios políticos. «La primera medida de cualquier autoridad pública tiene que ser solidarizarse con las víctimas y hacer una investigación objetiva e imparcial», afirmó el abogado.
El especialista también advirtió sobre las implicaciones de las declaraciones oficiales frente a una situación de vulnerabilidad que involucra a menores de edad. «Mal puede una autoridad decir que la gente haga justicia. ¿Qué significa hacer justicia en un contexto de violencia que tenemos en el país?», cuestionó Trapani.
La Defensoría del Pueblo continúa las averiguaciones para determinar el origen de los hechos y velar por la salud de los afectados. Organizaciones de derechos humanos instan a los organismos del Estado a enfocar sus esfuerzos en la asistencia médica, el acompañamiento psicológico a las familias y el establecimiento de protocolos preventivos.
