Luisa Gonzalez (REUTERS)
El atroz atentado contra dos venezolanos exiliados en Bogotá, el activista Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche, ha sembrado el pánico entre los centenares de perseguidos políticos por el régimen de Nicolás Maduro que han encontrado cobijo en la vecina Colombia. Ambos fueron tiroteados por tres sicarios este lunes cuando salían de su residencia. Ahora se recuperan de sus heridas en la capital colombiana, a más de 500 kilómetros de la frontera. Como ellos, muchos otros defensores de derechos humanos, periodistas, testigos electorales, dirigentes políticos o estudiantiles se han asentado en Bogotá después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, y de las oleadas de represión que se han desatado desde entonces. El ataque ha revuelto sus peores temores.
Por El País
A Peche le apuntaron a la cabeza, por lo que su reacción consistió en saltar al jardín de la entrada del edificio y proteger su cabeza con los brazos, detrás de materas. Desde ahí escuchó una veintena de detonaciones. Cuando se miró, estaba empapado en sangre. Escuchó entonces los gritos de Velásquez pidiendo ayuda, según relata un informe recién publicado por las organizaciones de derechos humanos venezolanas. Los vecinos los socorrieron para que pudieran ser trasladados a la clínica donde fueron atendidos. Peche recibió seis disparos, uno le rozó el abdomen y los demás impactaron en sus piernas, mientras que a Velásquez al menos ocho balas le dieron en la cadera, el brazo, el hombro, la rodilla, la vejiga y el estómago, por lo que ya ha sido sometido a dos operaciones.
“Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”, reaccionó Peche en sus redes sociales al final de la jornada. “Hoy mi hermano de vida y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo”, comentó al agradecer los mensajes de aliento. “No nos detendremos”, prometió.
El presidente Gustavo Petro, que restableció las difíciles relaciones con la República Bolivariana al comienzo de su periodo, no llegó a condenar el atentado, pero prometió que ampliará la protección de los activistas de derechos humanos “de cualquier país del mundo” que se encuentren en Colombia. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, ha buscado diferenciarse del presidentede izquierdas. “En Bogotá recibimos, acompañamos y respaldamos a quienes, huyendo de la persecución política han llegado a Colombia con el fin de salvaguardar su integridad, conservar su libertad y mantener sus liderazgos”, reafirmó Galán, quien en más de una ocasión ha marcado distancia frente al presidente con respecto a Venezuela.
Colombia, que comparte una porosa frontera de 2.200 kilómetros, es por mucho el principal país de acogida de la diáspora, con cerca de tres millones de ciudadanos del país vecino que han huido de la inflación, la escasez de alimentos y medicinas o la inseguridad en sucesivas oleadas en los últimos años. A ese flujo se ha sumado el de aquellos que escapan de la represión después de las elecciones. La Alcaldía calcula unas 500 personas identificadas como perseguidos políticos solo en la capital. Ellos han denunciado con insistencia ante las autoridades que en las concentraciones de los exiliados siempre hay gente tomando fotos, vehículos que los siguen o llamadas de extorsión. “Hay una desconfianza estructural” con respecto al Gobierno colombiano, apuntan fuentes que han trabajado de la mano de los migrantes.
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