Iván Freites, dirigente sindical con años de lucha en la industria, ha publicado un manifiesto afirmando que “PDVSA no se cierra, se recupera con sus trabajadores”. Su declaración merece una respuesta clara, no para polemizar, sino para colocar el debate donde debe estar: en cómo sacar a los trabajadores petroleros del naufragio histórico de una empresa quebrada, endeudada, politizada y capturada por mafias.
Porque la verdadera pregunta no es si PDVSA debe cerrarse o mantenerse:
la pregunta es si Venezuela puede reconstruirse cargando con el cadáver jurídico, financiero y operativo de una empresa destruida desde adentro.
Los trabajadores no son el problema: son las víctimas
Freites tiene razón en un punto esencial: sin los trabajadores, hoy no existiría ni una gota de combustible. Han operado bajo persecución, encarcelamientos, salarios de hambre y sin convención colectiva.
Pero precisamente eso demuestra que PDVSA dejó de existir como empresa funcional. Lo que queda es un cascarón vacío donde sobreviven obreros empobrecidos, técnicos exiliados y nóminas de lealtad política.
Cerrar PDVSA no es cerrar los pozos ni las refinerías:
es cerrar la estructura que destruyó el salario, eliminó derechos y quebró la ética industrial.
¿Recuperar qué? ¿La deuda, la corrupción o los juicios internacionales?
Hablar de “recuperar PDVSA” implica responder esta pregunta incómoda:
¿cómo se rescata una empresa con más de 70.000 millones de dólares en deudas, sanciones, litigios, pérdida de activos estratégicos y control político absoluto del régimen?
Los mismos contratos que Freites denuncia —con chinos, rusos y empresas que pagan 20 dólares por jornadas de 16 horas— fueron firmados por una PDVSA secuestrada. Pretender mantener su figura legal significa conservar esa herencia tóxica.
Cerrar PDVSA no es entregar los activos:
es la única forma de recuperarlos, sanearlos y ponerlos bajo un nuevo marco jurídico y productivo.
Los trabajadores tienen futuro en una nueva institucionalidad, no en un fósil empresarial
La transición energética y petrolera del siglo XXI no puede construirse sobre una empresa insolvente, desacreditada y judicialmente comprometida. Cerrar PDVSA es sustituirla por una nueva estructura con tres pilares:
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Una Agencia Venezolana de Hidrocarburos independiente y técnica.
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Un Ministerio regulador que separe política y operación.
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Nuevas empresas operadoras mixtas, con participación privada regulada y empleo digno garantizado.
Eso implica trasladar nómina, activos y experiencia técnica a un modelo limpio donde los trabajadores recuperen derechos y no sigan siendo subcontratados por operadores extranjeros bajo contratos opacos.
No hay amenaza laboral: hay una oportunidad de rescate
El cierre de PDVSA —bien planteado— no deja a ningún trabajador en la calle. Al contrario:
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Reincorpora al personal calificado bajo nuevas entidades.
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Restituye la contratación colectiva en lugar de enterrarla.
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Crea un fondo de transición para salarios, prestaciones y retiro.
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Permite auditar los robos a cajas de ahorro, fideicomisos y beneficios.
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Elimina la nómina paralela del partido y la persecución sindical.
Lo que sí es una amenaza real es mantener a los trabajadores dentro de una estructura en quiebra que solo sirve para financiar a las élites del régimen y sus socios extranjeros.
PDVSA no es la patria —y Freites lo sabe
El sindicalismo petrolero tiene una oportunidad histórica: liderar la transición, no anclarse a los restos de una empresa que ya no existe más que en el logo.
Cerrar PDVSA no es un capricho tecnocrático ni una receta de escritorio: es un acto de cirugía mayor para salvar al paciente. Y el paciente no es la marca: son los trabajadores, los activos estratégicos y el futuro energético del país.
Quienes lucharon dentro de PDVSA merecen más que seguir remendando un cadáver institucional. Merecen ser protagonistas de una nueva industria que les devuelva dignidad, seguridad jurídica y libertad sindical real.
Lo verdaderamente irresponsable no es cerrar PDVSA, sino pretender que puede revivirse sin desmontarla. Y eso no es un debate ideológico, es un hecho económico, jurídico y moral.
