Para soportar mi opinión es necesario dar un poco de contexto autobiográfico.
Recuerdo de niño haber visitado en varias oportunidades la sede del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. En los tiempos en que fueron consecutivamente sus titulares estelares: Juan Pablo Pérez Alfonzo, Manuel Pérez Guerrero y José Antonio Mayobre. Mi papá, Julio César Arreaza Arreaza, ocupó los cargos de consultor jurídico primero y luego director general de dicho ministerio.
En varias oportunidades visité la hacienda Los Chorros en donde vivía Pérez Alfonzo, dimos una vez un grato paseo y hasta me montó en un burro. Estuvo a punto de pasarme la máquina de afeitar número cero, porque quería estar coco pelado como él. Lo recuerdo cordial y austero. Mi curiosidad me hizo entender tempranamente que se trataba de estadistas las tres personalidades.
Mayobre se sonreía porque yo decía que él era mi candidato presidencial.
En otra época, cuando Valentín Hernández Acosta fue ministro, cursando yo el tercer año de Derecho, tuve mi primer empleo en 1974: asistente legal en materia de hidrocarburos. Me tocó la suerte de acompañar al asesor especial del ministro, doctor Guillermo Altuve Williams, y presté apoyo en las reuniones de la Comisión Presidencial de Reversión. No recuerdo en mi vida pública haber observado una comisión de tal envergadura, con 35 integrantes que representaron a los diferentes sectores del país. Realizaron un magnífico trabajo y cumplieron con casi total consenso su cometido.
Recuerdo la discusión en torno al famoso artículo quinto de la Ley de Nacionalización. Yo entendí el meollo y estuve de acuerdo con la decisión que tomó juiciosamente el Ejecutivo Nacional en cuanto a su redacción. El Estado no podía cerrarse de brazos e impedir hacia el futuro la posibilidad de los convenios de asociación, cuando resultaren convenientes a los intereses superiores del país y se requería de paso, por Dios, el voto favorable de las dos terceras partes de las cámaras, actuando en sesión conjunta. Superblindado quedó aprobado.
La historia se encargó de demostrar con creces lo conveniente que fueron los convenios de internalización y la apertura petrolera.
Fuimos capaces los venezolanos, con gran tino y conciencia histórica de tomar el control de nuestro principal recurso y manejarlo al margen de la politización, que era un real temor. La nueva empresa holding, capitaneada por Rafael Alfonzo Ravard y las filiales con nuestros mejores gerentes petroleros al frente, sólidamente formados, la llevaron a ser la segunda empresa mundial en su ramo y cumpliendo con los más altos estándares en sus operaciones. Eso se llama excelencia.
Eso fue combustible sano para elevar la autoestima de los venezolanos.
Fuimos capaces de retomar la exploración abandonada por las concesionarias ante la inminente reversión en 1983.
Cumplimos ante el mundo con una indemnización correcta y de acuerdo con el Estado de Derecho, por los bienes recibidos.
Se hizo un necesario cambio del patrón de refinación y se llevó a cabo la racionalización de las empresas. Se optimizaron las refinerías de Amuay y Cardón.
Se actuó responsablemente en los inicios y se suscribieron contratos de mercadeo internacional y de tecnología, limitados en el tiempo, para asegurar las operaciones. Con el tiempo el gusano de la politiquería se fue introduciendo y por supuesto que en el siglo XXI se requiere un modelo de gestión completamente diferente al anterior, que quedó completamente agotado.
El nivel de excelencia, transparencia y cero corrupción, alcanzado en los 10 primeros años de la nacionalización serán imborrables y constituye un monumento de lo que somos capaces de lograr los venezolanos.Hicimos una empresa de primer mundo en un país de tercer mundo.
Por eso, según mi opinión, no es feliz decir que la nacionalización petrolera fue un error estratégico e histórico, aunque quienes lo afirman sean personas responsables, respetables y apreciadas. Ejerciendo mi pensamiento crítico discrepo.
