Ana Karina García, directora de Juntos se Puede, narra detalles del ataque sicarial contra dos defensores de derechos humanos venezolanos en el norte de la capital colombiana. “Es totalmente político”.
Por Semana
SEMANA: El atentado contra Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez despertó preocupación y rechazo. ¿Quiénes son ellos?
Ana Karina García (A. K. G.): Las dos personas que fueron víctimas de este atentado son dos perseguidos políticos venezolanos. Cada uno llegó a Colombia en fechas distintas. Yendri Velázquez llegó hace casi un año tras haber vivido una detención en Venezuela. Logramos que saliera de la cárcel por la presión internacional, ya que él es un defensor activo de la comunidad LGBTI. Hoy en día, es miembro de Amnistía Internacional, trabaja para esa organización y es solicitante de refugio. No hemos recibido respuesta por parte de la Cancillería a esa solicitud de refugio.
Por el otro lado, está Luis Peche. Él es activista de Voluntad Popular y consultor político. Ha trabajado en temas de consultoría de comunicaciones y tiene un proyecto que se llama Monitor 58, el cual hace monitoreo de las noticias y análisis internacional. También viene de la lucha política venezolana, ha sido perseguido en Venezuela y está en Colombia buscando protección. Él es colombo-venezolano, porque a través de sus padres obtuvo su nacionalidad hace un par de semanas.
SEMANA: ¿Ha pasado muy poco tiempo, pero existe alguna idea de por qué atentaron contra ellos?
A. K. G.: Yo creo que hay varias cosas importantes que hay que recalcar, no solo en torno a ellos dos, sino en torno a la situación de las personas que somos víctimas de persecución política en Colombia. Nosotros hemos visto dos casos de amenazas directas que nunca habíamos vivido. Unas personas identificadas como miembros del Tren de Aragua les decían que si seguían actuando en Colombia por la libertad de Venezuela, ellos iban a atentar contra ellos. En esa amenaza les mandaron la dirección de donde vivían. Nos tocó moverlos de lugar.
También tuvimos un caso, en ese mismo periodo, de dos jóvenes que vivían en Bosa. A ellos sí les tocaron la puerta y los amenazaron de forma directa. Ambos casos hoy se encuentran fuera de Colombia, evidentemente hubo que hacer un reasentamiento para poder proteger su vida.
En la Fundación Juntos se puede, que es una de las que atiende la mayor cantidad de migrantes, hemos estado teniendo un seguimiento de camionetas con placa venezolana, algo que nunca habíamos vivido en los ocho años que tiene la organización.
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