Durante las últimas horas, Anabel Alayeto, hermana del preso político Jorge Alayeto Bigott, civil procesado por un tribunal militar y
condenado a 30 años de prisión por supuestamente grabar un video durante los sucesos del Fuerte Paramacay, denunció una serie de irregularidades en el caso.
Por el-politico.com
En publicaciones de su cuenta Instagram explicó que mientras se espera la decisión sobre las apelaciones, el expediente que estaba siendo conocido por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo fue remitido a la Presidencia del Circuito Judicial Penal, según informó públicamente la defensa.
“Ante lo que está ocurriendo, creemos que la mejor forma de contribuir a la transparencia es muy sencilla: PONER LA SENTENCIA DELANTE DE TODOS. No queremos que nos crean porque lo decimos nosotros. Vamos a mostrar:
QUÉ DICE LA SENTENCIA.
EN QUÉ PÁGINA LO DICE.
QUÉ PRUEBAS UTILIZA.
QUÉ CUESTIONÓ LA DEFENSA», remarcó.
El caso se remonta a agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles, liderados por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, tomó la 41° Brigada Blindada del Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo, en la llamada «Operación David».
Por el caso, 23 personas fueron procesadas por tribunales militares y civiles, recibiendo condenas máximas de 30 años de prisión.
Durante estos ocho años, los familiares han denunciado la violación de sus derechos humanos, torturas, persecución y un severo retraso procesal tanto en la fase condenatoria como en la apelación.
En el año 2017, el Sebin informó sobre la incautación de bienes por este caso, entre los que destacan: la Unidad Jurídica de Asistencia SC, ubicada en Valencia, estado Carabobo, propiedad de Hans Kurz, alias El Kaiser; la Hacienda San Luis, ubicada en el estado Carabobo y propiedad de Jorge Enrique Alayeto Bigott y la Clínica San Lázaro, ubicada en Valencia y propiedad de Osman Alexis Delgado Tabosky.
Además, se procedió a congelar cuentas bancarias.
La exigencia de los familiares es el estricto cumplimiento de la Constitución y la independencia de los jueces. Tras más de ocho años de reclusión, los privados padecen graves problemas de salud muchos de ellos derivados de tratos crueles, por lo que exigen revisiones de medidas urgentes.
