A 8 años de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Linda Loaiza López Soto, el Estado venezolano continúa en deuda con su reparación integral y las garantías de no repetición. Si bien el encarcelamiento preventivo de su agresor, Luis Antonio Carrera Almoina, ocurrido el pasado mes de agosto, representa un paso en el ámbito de la responsabilidad penal individual, no constituye el cumplimiento total del fallo dictado por la instancia internacional.
El 26 de septiembre de 2018, el alto tribunal concluyó que el Estado venezolano violó, en perjuicio de Linda Loaiza López Soto, los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica; integridad personal; prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohibición de la esclavitud; libertad personal; dignidad, autonomía y vida privada; circulación y residencia; garantías judiciales; protección judicial e igualdad ante la ley.
La justicia interamericana determinó que las autoridades hicieron posible la esclavitud sexual y los actos de tortura a los que fue sometida debido a su «grosera omisión». Esta sentencia —la primera dictada contra un Estado por un caso de violencia de género contra las mujeres y mal funcionamiento del sistema de justicia penal— ordenó dar continuidad de una forma eficaz al proceso penal interno para juzgar y sancionar a los responsables de tales hechos, e impuso una serie de medidas de reparación y garantías de no repetición, fijando el plazo de 1 año para que informara sobre su cumplimiento.
Del secuestro a la impunidad
El 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza López Soto, entonces de 18 años, fue secuestrada por Luis Antonio Carrera Almoina y mantenida en cautiverio por casi 4 meses, hasta su rescate el 19 de julio de 2001 por personal policial y bomberil.
Sufrió, de forma reiterada, violencia física, sexual, verbal y psicológica; fue privada de alimentos y forzada a la ingesta de alcohol, drogas y medicamentos. Debido a las graves y múltiples lesiones que recibió por parte de su captor, tuvo que someterse a 15 cirugías —incluyendo reconstructivas— y permanecer hospitalizada por cerca de 1 año.
Durante el tiempo que estuvo raptada y tras ser puesta a salvo, las instituciones de justicia venezolanas incurrieron en fallas y negligencias de manera sistemática. La denuncia de su secuestro interpuesta por su hermana ante la policía fue ignorada bajo el argumento de que la situación respondía a una cuestión de pareja y, por ende, no ameritaba su intervención.
Posterior a su rescate, se iniciaron dos procesos penales contra Luis Antonio Carrera Almoina. En el segundo, fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas, pero resultó absuelto del delito de violación.
Durante la investigación y los procesos penales sufrió lo que muchas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Venezuela: negligencia policial, revictimización, juicios por estereotipos, inoperancia y, además, ausencia de responsabilidad por esos hechos de los operadores de justicia involucrados.
No fue sino hasta diciembre de 2016, 15 años después de los hechos, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Constitucional dispuso reabrir el caso por violación. Sin embargo, transcurrió cerca de una década para que realmente se reactivara. En julio de 2026 se emitió una nueva orden de captura en contra del agresor y el 27 de agosto le fue impuesta una medida preventiva privativa de libertad que actualmente cumple en la cárcel de El Rodeo II. La Corte de Apelaciones ordenó la celebración de un nuevo juicio por el delito de violación.
Prisión preventiva no es reparación integral
La reciente reclusión de Luis Antonio Carrera Almoina responde exclusivamente a su responsabilidad penal individual; la sanción al agresor es un paso indispensable, pero no constituye la reparación integral a la que está obligado el Estado venezolano frente a los delitos perpetrados contra Linda Loaiza López Soto. La sentencia dictada por la Corte IDH en 2018 ordenó una serie de medidas de restitución, satisfacción y no repetición que aún continúan desatendidas. Entre ellas, destacan las siguientes:
En lo relacionado con la atención a la salud, la instancia internacional estableció el deber de garantizar la atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como la provisión de medicamentos para Linda y su núcleo familiar.
Sobre reparaciones económicas, la Corte IDH estableció que el Estado venezolano le otorgara indemnizaciones por daños materiales e inmateriales; y asumiera sus gastos de la representación legal y los de las organizaciones defensoras de derechos humanos que la acompañaron en el proceso.
Adicionalmente, el fallo exigió la adopción de medidas de satisfacción y memoria, tales como la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado venezolano y la difusión amplia del texto de la sentencia.
En el área educativa, estipuló la asignación de una beca completa de estudios universitarios y manutención para Linda Loaiza López Soto y la financiación de formación técnica o profesional para sus hermanos.
Como garantías de no repetición, el organismo interamericano instó al Estado venezolano a implementar reformas estructurales, entre ellas, la promulgación del Reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la puesta en funcionamiento de los Tribunales de Violencia contra la Mujer en cada capital de estado. Asimismo, la elaboración de protocolos estandarizados para la investigación y atención de casos con perspectiva de género, junto con la realización de capacitaciones a funcionarios judiciales, policiales y del sector salud.
Sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido cumplida, como se denunció en 2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, salvo por la puesta en funcionamiento de los Tribunales de Violencia contra la Mujer en varias capitales de estado.
Y a ti, venezolano, ¿cómo te afecta?
El caso de Linda Loaiza López Soto evidencia cómo la violencia de género contra las mujeres se profundiza cuando confluyen los sesgos y la inoperancia del sistema judicial.
Desde Acceso a la Justicia se advierte que no es suficiente la privación de libertad del agresor, sino que es necesario el cumplimiento a cabalidad del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo contrario se perpetúa la impunidad del Estado venezolano. A 8 años de la sentencia, este sigue en mora.
Este incumplimiento envía a la sociedad un peligroso mensaje de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Solo la implementación de cada una de las medidas de reparación y no repetición permitirá lograr una justicia integral para Linda Loaiza López Soto y sentar las bases de una institucionalidad que proteja, y no desampare, a las mujeres venezolanas frente a situaciones de esta naturaleza.
