El país observa una serie de anuncios y proyecciones que apuntan a expectativas positivas de crecimiento económico para los próximos meses. Tanto voceros del sector público como representantes del sector privado han expresado perspectivas favorables, sustentadas principalmente en el incremento de la actividad productiva no petrolera y en una mayor demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores nacionales.
Sin embargo, detrás de estas expectativas persisten importantes limitaciones estructurales que podrían comprometer la sostenibilidad de ese crecimiento. Una parte significativa de las principales empresas del país continúa bajo el control del Estado y, en su mayoría, no ha logrado recuperar ni mejorar sus capacidades de producción. Esta situación genera restricciones para el sector privado, cuyas operaciones dependen, parcial o totalmente, de los bienes y servicios que deberían suministrar estas empresas públicas.
Ante la insuficiencia de la oferta nacional, muchas empresas privadas se ven obligadas a recurrir a las importaciones para cubrir sus necesidades de materias primas, insumos y servicios. Se trata de una situación que refleja la limitada capacidad de respuesta del aparato productivo público, cuyas empresas deberían contribuir a satisfacer la demanda nacional de acuerdo con sus capacidades instaladas, pero actualmente operan con niveles de producción muy por debajo de ese potencial.
A estas limitaciones se suma uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico: el deterioro de la infraestructura eléctrica nacional. El país cuenta con una capacidad instalada superior a los 30.000 megavatios entre sus plantas termoeléctricas e hidroeléctricas; sin embargo, la generación efectiva oscila entre los 12.000 y 14.000 megavatios, frente a una demanda que supera los 16.000 megavatios y continúa en aumento.
Esta brecha entre la generación y la demanda provoca fallas recurrentes en el Sistema Eléctrico Nacional y pone de manifiesto el deterioro acumulado de una infraestructura indispensable para el funcionamiento de la economía. A ello se suma la dificultad para garantizar el suministro de diésel necesario para operar los miles de equipos de generación eléctrica de respaldo instalados en industrias, hospitales, centros comerciales y zonas residenciales. Se estima que estos equipos podrían aportar alrededor de 800 megavatios al sistema de generación, siempre que dispongan del combustible y las condiciones operativas necesarias.
En este contexto, resulta fundamental evaluar alternativas que permitan recuperar la capacidad de generación eléctrica del país. Una de ellas sería abrir espacios para la participación del sector privado en la recuperación, operación y administración de las plantas termoeléctricas, muchas de las cuales permanecen paralizadas o funcionan muy por debajo de su capacidad. No obstante, esta posibilidad requiere modificar el marco legal vigente, particularmente la legislación que regula el sector eléctrico, cuya reforma todavía no registra avances significativos en la Asamblea Nacional.
En definitiva, las expectativas de crecimiento económico no petrolero deben analizarse más allá del comportamiento de la demanda y de los indicadores de actividad económica. Para que ese crecimiento pueda consolidarse y sostenerse en el tiempo, será indispensable recuperar la capacidad productiva nacional, mejorar la eficiencia de las empresas públicas y garantizar servicios básicos confiables, especialmente el suministro eléctrico. Sin resolver estas limitaciones estructurales, el crecimiento podría encontrar rápidamente un techo que impida desarrollar todo su potencial.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
