Venezuela se ha convertido en la principal referencia a nivel mundial sobre cuáles son las diferencias entre el capitalismo privado y el capitalismo de Estado (socialismo del siglo XXI). Los ejemplos son evidentes en cada una de las empresas, inmuebles o fincas tomados por el Gobierno en los últimos 27 años, tiempo durante el cual se ha venido desarrollando este proyecto denominado Socialismo del siglo XXI. Sus consecuencias son igualmente evidentes: no existe una sola de esas empresas, inmuebles o fincas que haya mejorado su capacidad productiva o comercial. Lo observado ha sido una desmejora total en el conjunto de propiedades privadas que fueron quitadas a sus legítimos dueños, la gran mayoría sin ninguna compensación y mediante procedimientos sin ninguna legalidad, salvo el abuso del poder público.
Podemos mencionar algunas de ellas como referencia. Sidor llegó a producir unos 5 millones de toneladas de acero, exportaba y cubría la demanda nacional. Electricidad de Caracas suministraba energía eléctrica a toda la Gran Caracas, con tarifas muy económicas para los sectores populares, lo cual contradice a los voceros oficiales que insisten en que, al ser públicas, esas empresas eléctricas mantienen un costo bajo para los consumidores, sin considerar los electrodomésticos dañados y los cortes eléctricos de hasta 12 horas. Venalum y Alcasa exportaban aluminio y cubrían la demanda nacional y hoy se encuentran parcialmente paralizadas. AgroIsleña, empresa productora y comercializadora de agroquímicos, también financiaba a los productores. Conferry fue la empresa de transporte de vehículos y carga que cubría el servicio hacia la Isla de Margarita; todos sus ferrys fueron abandonados y algunos se encuentran hundidos.
También podemos mencionar al Central Azucarero Venezuela, con una caída de la producción y sus instalaciones desmejoradas; la Torre David, en Caracas, un complejo empresarial que representó una de las mayores inversiones inmobiliarias privadas en el área metropolitana y cuyas instalaciones están hoy a la vista; y Cemento Vencemos, en Puerto La Cruz, que cubría parte de la producción nacional y exportaba. Son ejemplos que permiten observar las consecuencias de la sustitución de la administración privada por un modelo de control estatal y lo ocurrido con empresas que anteriormente tenían capacidad de producción, comercialización y, en algunos casos, de exportación.
Consideramos al programa oficial denominado Agro Venezuela como el de mayor afectación a los propietarios privados, al serles quitadas sus tierras agropecuarias y urbanas mediante la inconstitucional Ley de Tierras, a través del Instituto Nacional deTierras INTI desconociendo la propiedad privada. Fueron más de 5 millones de hectáreas y unas 7.000 unidades productivas entre hatos, haciendas y fincas, así como almacenadoras y agroindustrias. Según voceros oficiales que manejaron este programa, estas propiedades se dedicarían a convertir a Venezuela en una potencia exportadora. Se invirtieron miles de millones de dólares en traer maquinarias y equipos, otorgar créditos y desarrollar distintos programas, cuyos resultados están a la vista en la caída de la producción nacional de productos en los que antes éramos autosuficientes, así como en las inversiones realizadas en proyectos agropecuarios y agroindustriales que hoy se encuentran abandonados.
Como ejemplos podemos mencionar la planta de soya en El Tigre, estado Anzoátegui, y el Central Azucarero Ezequiel Zamora, en Barinas. Se estima que los montos invertidos en ambos proyectos se acercan a los 3.000 millones de dólares. A lo largo y ancho del país podemos observar cómo se encuentran cada una de las fincas, hatos y haciendas tomadas. El monto invertido en la Misión Agro Venezuela supera los 40.000 millones de dólares en dinero público utilizado en los distintos programas, mientras que las afectaciones a los propietarios privados por sus propiedades tomadas ilegalmente alcanzarían los 50.000 millones de dólares.
Todo esto constituye, a nuestro juicio, una de las demostraciones más evidentes de cómo el socialismo del siglo XXI nos hizo retroceder en nuestra capacidad productiva al desplazar a los privados y provocar una de las mayores caídas productivas que hayamos tenido en el país. La experiencia de estos últimos 27 años permite observar, a través de empresas, tierras, inmuebles y proyectos agroindustriales, las consecuencias de un modelo que sustituyó la iniciativa y la inversión privada por el control del Estado, sin que ello se haya traducido en una mejora de la capacidad productiva nacional.
Hoy, la nación venezolana está a la expectativa de los cambios que necesitamos, donde el capitalismo privado surja como una oportunidad de crecimiento económico y social, para que Venezuela asuma su rol como nación desarrollada y sus recursos sean en beneficio de sus ciudadanos.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
