La reapertura de la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Caracas, anunciada el pasado viernes, es más que el regreso de una institución que dejó de operar en Venezuela hace siete años.
La decisión se trata de la señal más reciente de un proceso de reinserción internacional que el gobierno de Delcy Rodríguez ha acelerado durante los últimos meses y que involucra al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, CAF y, en paralelo, un nuevo acercamiento con Estados Unidos que tiene al petróleo como uno de sus principales puntos de encuentro.
El movimiento también ocurre mientras Venezuela intenta resolver una contradicción. Los cambios políticos y diplomáticos se están produciendo a mayor velocidad que la recuperación de la economía.
La inflación mensual bajó a 8,4% en septiembre, después de 8,9% en agosto y 19,9% en julio, una moderación que el Banco Central de Venezuela atribuye, entre otros factores, a la normalización de los flujos externos.
Pero el país todavía acumula una inflación de 225,3% en lo que va de 2026 y continúa enfrentando problemas complejos de infraestructura, crédito y producción.
Es en ese contexto donde adquiere relevancia la decisión del BID de reabrir su oficina en Caracas. El organismo había retomado formalmente sus relaciones con Venezuela en junio, después de años de congelamiento, aunque esa decisión no suponía por sí misma el acceso inmediato del gobierno a nuevos préstamos.
Venezuela mantiene además una deuda con el BID de alrededor de US$2.500 millones, una de las condiciones que pesan sobre cualquier eventual reactivación del financiamiento soberano.
La reapertura, sin embargo, amplía las posibilidades de trabajo del Grupo BID en el país, especialmente a través de BID Invest, su brazo para el sector privado. El interés ya no se limita a una relación entre Caracas y una institución multilateral, sino que empieza a involucrar directamente a bancos, empresas, productores y otros actores de la economía venezolana.
La propia Rodríguez presentó este nuevo vínculo como una oportunidad para resolver una de las restricciones más persistentes del sector privado: el acceso al financiamiento. Tras una reunión con representantes de BID Invest, afirmó que el organismo puede ayudar a crear mecanismos de financiamiento para empresarios, productores y emprendedores venezolanos.
El regreso del BID tampoco puede separarse de lo ocurrido con el FMI y el Banco Mundial.
En abril, el Fondo anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela, después de que estas permanecieran suspendidas desde 2019 por la disputa sobre el reconocimiento del gobierno. El primer objetivo no fue anunciar un préstamo, sino reconstruir la relación institucional y actualizar el diagnóstico sobre la economía venezolana.
Ese proceso avanzó durante el segundo semestre. En septiembre, Rodríguez se reunió en Nueva York con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con los presidentes del BID y del Banco Mundial, en encuentros que su gobierno presentó como parte de una nueva etapa de relacionamiento con el sistema financiero internacional.
Días después, el FMI confirmó que busca establecer una oficina en Venezuela. El organismo, sin embargo, hizo una precisión que marca la distancia entre normalización y financiamiento: Caracas no ha solicitado hasta ahora un programa del Fondo ni asistencia financiera. La eventual presencia del FMI apunta inicialmente a recuperar capacidades, información y canales institucionales.
Ese matiz es importante porque Venezuela está intentando regresar al sistema financiero internacional sin haber resuelto todavía todas las condiciones que permitirían convertir esa relación en crédito soberano a gran escala. La deuda acumulada con organismos multilaterales, la reestructuración de obligaciones externas y la necesidad de reconstruir capacidades institucionales forman parte de ese proceso.
La reconstrucción adquiere además una dimensión concreta después del terremoto del 24 de junio. El Banco Mundial estimó los daños físicos directos del desastre en unos US$19.500 millones, mientras CAF creó un fondo específico para la recuperación y recorrió infraestructura crítica como el aeropuerto de Maiquetía para evaluar posibles apoyos.
Pero el desafío no termina en reparar los daños del terremoto. Venezuela necesita infraestructura para sostener la expansión económica que el Gobierno y los nuevos inversionistas están proyectando, especialmente en el sector energético.
Venezuela y EE.UU.
Ahí aparece el otro gran cambio de los últimos meses: la relación con Estados Unidos.
Desde finales de agosto, Washington y Caracas han avanzado en una agenda energética que busca atraer capital extranjero hacia la industria petrolera venezolana. En septiembre, Chevron, Eni y otras empresas firmaron acuerdos bajo el nuevo marco petrolero venezolano, mientras el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, viajó a Caracas para acompañar el proceso y sellar también un acuerdo entre Venezuela y EE.UU. para el control mayoritario de 17 yacimientos y más de 65.000 millones de barriles de reservas.
Chevron, por su parte, anunció planes para invertir más de US$7.000 millones durante los próximos cinco años y elevar su producción en Venezuela hasta unos 600.000 barriles diarios.
El acercamiento con Washington dejó de ser exclusivamente energético. En septiembre, Rodríguez y Donald Trump mantuvieron un encuentro en Nueva York en el que, según funcionarios estadounidenses, también se habló de la reestructuración de la deuda venezolana. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la deuda como uno de los principales asuntos que Venezuela debe resolver para avanzar.
La combinación de ambas agendas —la financiera y la petrolera— explica por qué el regreso de los multilaterales tiene ahora una importancia distinta. Venezuela necesita capital para aumentar la producción de petróleo, pero también necesita electricidad, carreteras, puertos, servicios públicos, tecnología y crédito para que ese aumento de producción pueda convertirse en una expansión más amplia de la economía.
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