La investigación por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, liderada por el fiscal Héctor Barros, comienza a llegar a su fin. El persecutor está analizando cerrar el caso en diciembre para empezar el juicio en marzo de 2026. Si bien cree que los jefes del Tren de Aragua, a quienes se les pidió la extradición, no alcanzarán a estar presentes, aún insistirá por obtener más antecedentes sobre los autores intelectuales que las pesquisas apuntan a Diosdado Cabello.
Por Jaime Pinochet | The Clinic
A esta altura de las pesquisas, nadie rechaza la tesis de que este secuestro fue un encargo político desde Venezuela. Y no es antojadizo o sesgo de los investigadores, sostienen altas fuentes del Gobierno chileno.
“Se hizo todo lo que se debía para llegar a esa premisa. Se investigó completamente la vida de Ronald Ojeda y no arrojó nada que lo vinculara a actividades delictuales”, sostuvo un personero de La Moneda, quien agregó que desde el primer momento han respaldado la tesis expuesta por Héctor Barros.
Además, esa misma fuente, sostuvo que tiempo después se informó que Ronald Ojeda integró una cuadrilla clandestina de exmilitares venezolanos que intentó un nuevo golpe contra Nicolas Maduro, lo que se vio frustrado y logró regresar a Chile, en diciembre de 2023.
En ese sentido, comentaron desde el Ministerio Público, que el Fiscal Regional Sur a las pocas semanas detectó que esto era un crimen con origen político y cada intervención pública que ha dado sobre el tema ha dejado pistas sobre los supuestos autores políticos.
“Han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno y particularmente que quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello”, aseguró Hector Barros, la semana pasada, indicando que no descarta una formalización en ausencia contra el número dos de Maduro si es que aparecían pruebas más “robustas”. Esto a pesar de que el persecutor sabe que Venezuela no extradita a nadie por normas de su Constitución.
En esa línea, lo que se está esperando, es que se pueda identificar una segunda huella levantada desde el teléfono de Ronald Ojeda, que aún no ha podido dar match con ningún nombre en los registros policiales.
Ese huella correspondería al secuestrador que siempre trasladó a Ronald Ojeda llevándolo con un brazo sobre su hombro y cuello, de acuerdo a los videos de seguridad. Tanto para Barros como para los detectives de la BIPE, esa persona era el líder de la operación en terreno: por sus movimientos tácticos, por la información que le daban en cada momento y porque es el que siempre estuvo encima de la víctima como una forma de “control y poder”.
Si bien no hay confirmación concreta sobre su identidad, las sospechas e informes de inteligencia indicarían que se trataría de Alexander Granko, un coronel de contrainteligencia del régimen venezolano, cuya fama criminal lo apoda como “el torturador de Maduro”.
Su historial también es conocido en la ONU, cuyas misiones de Derechos Humanos hacen permanente referencia a sus acciones y atentados de lesa humanidad contra los disidentes y opositores al gobierno caribeño. Tan así que tiene el ingreso prohibido a la Unión Europea.
Lea más en The Clinic
