El presidente, Donald Trump, está cancelando casi 1,000 millones de dólares en gastos aprobados por el Congreso, anunció la Casa Blanca el viernes, haciendo uso de una facultad poco común y controversial para recortar los fondos destinados a servicios para inmigrantes e iniciativas centradas en la diversidad.
La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de Trump describió el recorte de fondos como enfocado en “el gasto gubernamental más perjudicial”.
La mayoría de los recortes se centran en programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que atienden a refugiados y a menores no acompañados acusados de encontrarse en el país de manera irregular. El Gobierno de Donald Trump afirma que los fondos ya no son necesarios porque los cruces ilegales de la frontera han disminuido considerablemente.
También fueron objeto de recortes un programa del Departamento de Educación para estudiantes migrantes, una oficina del Departamento de Justicia dedicada a reducir las tensiones raciales, una iniciativa de desarrollo empresarial para emprendedores de minorías, los servicios de asesoría en materia de vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y una serie de subvenciones del HHS que el Gobierno calificó como “absolutamente dañinas y descaradamente ideológicas”.
Un comunicado de prensa de la Casa Blanca en el que se anuncian las rescisiones de fondos señala que algunas de las organizaciones están dirigidas por personas que trabajaron en la Administración del demócrata Barack Obama.
La medida de Trump fue condenada por la senadora Susan Collins, republicana por Maine, que se encuentra en una reñida campaña de reelección y presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Alta.
Collins indicó en un comunicado que la medida se tomó sin previo aviso ni consulta. También afirmó que trabajaría con sus colegas para abordar “estas acciones ilegales”.
“El retraso en sí mismo no solo constituye una retención de fondos que no se informó al Congreso, sino que también es una usurpación de sus facultades en materia de asignaciones presupuestarias”, señaló Collins. “La OMB es una agencia del poder ejecutivo. No le corresponde decidir qué programas merecen recibir financiamiento”.
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