Una patrulla de la Policía Nacional pasa por uno de los parques más grandes de Valencia y Lorena López, una joven colombiana de 29 años, se queda paralizada y pierde por completo la concentración en la clase de boxeo. Recuerda a los agentes estadounidenses que la detuvieron durante un año y medio en el Centro de Detención Eloy de Arizona y a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que la deportaron esposada de pies y manos a República Democrática del Congo (RDC) el 15 de abril de 2026. Cuando ve a los agentes, también se acuerda de los hombres armados con los que ella y otros 14 latinoamericanos se cruzaron en el hotel en el que permanecieron en Kinshasa durante dos meses. Enseguida cae en la cuenta de que, desde que en junio pudo salir de ese país africano, es libre y de que está a salvo en España.
Por Ana Puente / elpais.com
Sabe que si la Policía le pide documentos, puede sacar su móvil y mostrar una foto de su carta blanca, el resguardo que acredita que solicitó protección internacional en julio. “Nuestro abogado nos ha explicado que están negando los asilos para los colombianos”, teme, “pero sabemos que hay un pequeño porcentaje al que se lo otorgan. Nos aferramos a esa esperanza”.
López ha aceptado hablar con este diario sobre la odisea que ha vivido como consecuencia de la política de expulsión de migrantes a terceros países de la Administración de Donald Trump, pero bajo la condición de que no se use su nombre real. “Imagina estar siempre escondiéndote de la Policía o de inmigración. Hay miedo de ser tratado como una mercancía: ‘agárralo y envíalo lejos”, asegura esta mujer víctima de violencia de género. En 2025, en Colombia, se registraron 118 feminicidios y más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
A su lado, Carlos Rodelo, otro colombiano deportado de EE UU a RDC, escucha y asiente. Él sí se presenta con su nombre y accede a que se le tomen fotografías porque busca pedir ayuda a España para que considere su solicitud de protección internacional. “Quiero aclarar que nosotros no estamos aquí por un capricho, es por nuestra seguridad. No podemos volver a Colombia”, cuenta este hombre, de 43 años, originario de Barranquilla y que fue víctima de extorsión y de amenazas de muerte. Las denuncias de extorsión en Colombia aumentaron un 144% en la última década hasta alcanzar los 13.417 casos en 2025.
Por WhatsApp, Daniela, de 31 años y nacida en Cúcuta, cuenta que ella huyó de Colombia tras ser acosada y amenazada por un comandante de la Policía. “Después de todo lo que me ha pasado, yo tengo fe de que todo va a mejorar y de que algún día pueda volver a ver a mi madre y a mis hijas”, cuenta por nota de voz desde otra ciudad en la Comunidad Valenciana. Pide la reserva de su apellido por cuestiones de seguridad.
Estos tres colombianos habían obtenido en EE UU la protección CAT (de la Convención de la ONU contra la Tortura). Esa protección no era un visado ni un asilo político: solo impedía que fueran expulsados a Colombia, pero no a un tercer país. Terminaron en RDC en contra de su voluntad y forman parte de las más de 25.000 personas que Washington ha deportado a terceros países entre el 20 de enero de 2025 y septiembre de 2026. Según datos de Human Rights First y Refugees International, dos ONG que monitorean estos traslados forzados, el Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos con más de 35 países de África, Asia y América. Más de 300 detenidos han sido llevados a 14 países de África, entre los que se encuentran RDC, Esuatini, Liberia, República Centroafricana y Sudán del Sur.
Entre el grupo de 15 personas que aterrizaron el 17 de abril en Kinshasa ?tras hacer dos paradas en Senegal y Ghana? había ocho ciudadanos de Colombia. Tres de ellos, por sus propios medios, pudieron salir de RDC y entrar a España, donde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) les brinda apoyo jurídico en sus solicitudes de protección internacional.
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