Los malandros no limpian baños, porque no pueden tocar mierda. A José Luis Pérez Guadalupe —un académico que ha dedicado su vida a estudiar a Dios y a la delincuencia— le tomó algún tiempo comprender esta sentencia. Corría mediados de 2022, las prisiones peruanas permitían visitas después de dos años de pandemia, y percibió un clima de alta tensión en Lurigancho, ese fortín hacinado, ubicado al este de Lima, al que acude desde hace cuarenta años con una Biblia en la mano. Los internos venezolanos, que allá por el 2018 no eran más de cincuenta en todo el Perú, se habían multiplicado, y cada rincón de la cárcel echaba chispas.
Por Renzo Gómez Vega | EL PAÍS
Como agente pastoral —y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario—, ubicó a los líderes y se sentó a conversar con ellos para desentrañar el origen del conflicto, pero además para evitar motines y matanzas que parecían inminentes. Descubrió que los reos venezolanos se ceñían a un código del hampa, denominado rutina, sumamente estricto, a tal punto que incumplirlo era una sentencia de muerte. Esas normas prohibían agarrar escoba y hacer oficio. Limpiar suponía mancharse. Convertirse en “bruja” y descender al sótano de la cadena delictiva.
El asunto provocaba fricciones: los presos nacionales no querían ser sirvientes de nadie. Además, se quejaban de la bulla que hacían los llaneros. La convivencia se agudizaba por el hacinamiento: Lurigancho fue construido para 2.500 internos a inicios de los sesenta, pero se desbordó hasta superar los 10.000. Sorprendentemente, compartir una celda con más de veinte reos no era lo que más les irritaba a los venezolanos, sino pasar su encierro junto a homosexuales. “¿Cómo puede haber parejas de hombres, de la manito? Eso no se puede permitir”, renegaban.
El acercamiento a este choque cultural tras los barrotes tomó casi tres años y está plasmado en «El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina» (Fondo editorial de la Universidad del Pacífico), autoría de tres investigadores y profesores de dicha casa de estudios: José Luis Pérez Guadalupe, Lucía Nuñovero Cisneros y Guillermo Coronado Sialer. A partir de un trabajo de campo —que contó con 36 entrevistas en profundidad a presidiarios y autoridades de establecimientos penitenciarios— se pudo establecer la raíz de estos comportamientos: la cárcel de Tocorón, en el sur del estado Aragua. Un modelo de “cárcel abierta”, donde el Gobierno venezolano les entregó el control a los presos —bajo el argumento de reducir las peleas—, quienes instituyeron y exportaron un arquetipo de organización delictiva que ha esparcido sus tentáculos en el continente.
El libro postula que el Tren de Aragua, liderada por Héctor el “Niño” Guerrero, inspiró a otras bandas bajo el modelo tren en cárceles venezolanas como Tocuyito, Puente Ayala y El Rodeo. Desde allí profesionalizaron su principal método delictivo: la extorsión. En Perú, el país que alberga a más migrantes venezolanos después de Colombia, el número de denuncias por extorsión se multiplicó casi siete veces: pasó de 3220 en 2018 a 21831 en 2024, según cifras del Ministerio del Interior. Es el mismo periodo en el que la población de internos venezolanos en Perú se disparó de 48 a más de cuatro mil.
“Un preso me dijo: yo sé que aquí voy a amanecer vivo. Aquí entras vivo y sales vivo. Eso era una novedad para ellos”, recuerda Pérez Guadalupe. Por la obediencia que los reos peruanos le tienen a los funcionarios de la penitenciaría solían decir que en el país andino “no hay cárceles sino jardines de infantes”. “Más allá de las torpezas del Gobierno o del actual presidente del INPE, lo que prima es una cogestión entre la autoridad y los internos que cumplen esa normatividad. Pero la autoridad nunca ha dejado de ser el INPE. No hay zonas liberadas en el Perú”, sostiene el exministro del Interior.
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