Victor R. Caivano (AP)
A lo largo de octubre, cuatro trabajadoras sexuales de alrededor de 30 años fueron asesinadas en la Argentina tras encontrarse con hombres que habían contratado sus servicios. Sus cuerpos aparecieron en los departamentos donde vivían o en habitaciones donde habían pactado los encuentros, asfixiadas o con heridas cortantes. Para Georgina Orellano, secretaria general de Ammar, el sindicato que nuclea a las trabajadoras sexuales del país, la sucesión de estos crímenes expone las condiciones de vulnerabilidad en las que se desarrolla la actividad y explica la convocatoria al primer paro nacional del sector, previsto para este martes.
Por elpais.com
En Argentina, el trabajo sexual ejercido de manera autónoma y voluntaria por personas adultas no constituye un delito. Sin embargo, la legislación penaliza actividades vinculadas a la explotación sexual, como el proxenetismo, la trata de personas y el funcionamiento de prostíbulos, además de prohibir ciertas maneras de promoción del servicio. Esa combinación genera una zona de ambigüedad en la que miles de trabajadoras desarrollan su actividad sin reconocimiento laboral, sin derechos específicos y de manera cada vez más individualizada.
“Ejercemos un trabajo que no está reconocido, que está estigmatizado socialmente y que encima está criminalizado”, resume Orellano, que apunta contra políticas públicas antitrata de los últimos años que, según su visión, terminaron “perjudicando y generando mayor clandestinidad” para las trabajadoras sexuales. “Hoy las trabajadoras no pueden trabajar de manera colectiva en un departamento, no pueden agruparse porque la que figura en el contrato de alquiler puede ser señalada como la proxeneta del resto, porque puede ir preso alguien de la inmobiliaria o la persona que te alquila. Esa intervención del Estado vino a romper con lo colectivo, que antes era una práctica de seguridad”, precisa.
¿Cómo se realiza un paro en una actividad que no está reconocida, carece de derechos laborales y no tiene empleadores a quienes dirigir un reclamo? Esa es la pregunta que se hicieron en Ammar al momento de convocar a la medida. Aun conscientes de las limitaciones, resolvieron avanzar con una protesta que busca visibilizar una situación que consideran urgente, acompañada de distintas actividades en todo el país. “La clandestinidad mata” es la consigna elegida.
La convocatoria llega después de una seguidilla de casos que conmocionó al sector. Bárbara Camila Aragón, de 26 años, fue encontrada muerta en una pensión de la ciudad de Rosario, adonde había llegado desde una localidad cercana para encontrarse con un cliente. Por el hecho permanece detenido Eliel Schiffo, de 37 años, un expolicía exonerado e imputado por abuso sexual y feminicidio. En Córdoba, Daniela del Milagro Villalba, de 29 años, fue asesinada en el departamento donde vivía y también recibía clientes. Su cuerpo fue hallado sobre una cama y la investigación apunta a Renato Iván Tabella, un cordobés de 28 años detenido días después en Buenos Aires. El mismo hombre aparece como principal acusado por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, encontrada muerta en un departamento de Retiro, en Buenos Aires, que compartía con otra trabajadora sexual.
A esa lista se suma el caso de Paola Vallejos, una rosarina de 36 años hallada sin vida el 8 de octubre en una posada de Costa Azul, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Aunque la investigación comenzó bajo la hipótesis de un posible suicidio, la familia sostiene que fue asesinada y la Justicia ordenó nuevas pericias ante las dudas surgidas durante la investigación. Hasta el momento no trascendieron detenidos ni sospechosos identificados públicamente.
La jornada de paro estará acompañada por actividades en distintos puntos del país. En Buenos Aires habrá una intervención frente al Congreso de la Nación, con la participación de actrices, sindicalistas y referentes de la cultura, que leerán un documento. El sindicato también impulsó una acción en redes sociales e invitó a trabajadoras sexuales y “personas aliadas” a reemplazar sus fotos de perfil por la imagen de un zapato de tacón rojo acompañada por la consigna “Ni una menos”.
Para Orellano, existe una diferencia en la manera en que la sociedad procesa la muerte de las trabajadoras sexuales, como si se tratara de hechos inevitables asociados a los riesgos del oficio. Un caso así, sostiene, moviliza distintos sentimientos a los que movilizan otros crímenes recientes, como el de la docente rural Nancy Godoy. Vicedirectora de una escuela rural de la provincia de Corrientes, en el noreste del país, llevaba desaparecida casi 20 días cuando su cuerpo se encontró semisumergido en una zona de monte, lo que motivó la convocatoria inmediata a un paro docente nacional, el jueves pasado. “En su caso se habla de la precariedad, de los videos que filmaba en los que denunciaba las condiciones de la escuela. En nuestro caso también habría que poner el foco en la precariedad, pero en vez de eso pareciera que a nosotras las cosas nos pasan porque somos putas”, apunta.
La convocatoria al paro coincide con la publicación de un dato que muestra el contexto en el que se enmarcan estos crímenes. El Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos registró que hubo al menos 239 feminicidios registrados en la Argentina en octubre, en lo que fue el peor registro para ese mes en cinco años. En lo que va de 2026, ya suman 239 los femicidios en el país: un femicidio cada 30 horas.
