
El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos vuelve a depender de un calendario judicial. La pausa administrativa de 14 días que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió al gobierno federal comenzó el 6 de noviembre y vence el viernes 20 de noviembre, y hasta este martes el tribunal no había publicado una nueva orden sobre el caso.
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La pausa salió de una orden del 3 de noviembre firmada por los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone, en la que el panel aceptó la suspensión administrativa que pidió el gobierno “por un plazo de 14 días, a partir de la emisión de la sentencia de la Corte Suprema el 6 de noviembre”. En ese mismo documento, el tribunal retiró su decisión del 30 de octubre, que le había negado al gobierno la suspensión de la medida cautelar mientras avanzaba la apelación y que abría la puerta para restablecer el TPS a partir del #6Nov.
Ese giro tiene como trasfondo lo que hizo la Corte Suprema el 5 de octubre. Según su expediente, el máximo tribunal anuló el fallo previo del Noveno Circuito favorable a los beneficiarios y le devolvió el caso para que lo reconsiderara a la luz de Mullin contra Doe. En esa sentencia del 25 de junio, la Corte resolvió por 6 votos contra 3 que la ley del TPS impide a los tribunales revisar las impugnaciones no constitucionales contra la decisión del secretario de Seguridad Nacional de terminar la designación de un país, y abrió el camino para poner fin a la protección de haitianos y sirios.
Frente al vencimiento del 20 de noviembre, una posibilidad es que el Noveno Circuito prolongue la pausa o la reemplace por una suspensión que dure toda la apelación, la misma que el gobierno solicitó desde el 5 de octubre y que quedó sin respuesta definitiva al retirarse la orden del 30 de octubre. En ese caso, la terminación del TPS seguiría vigente y nada cambiaría para los venezolanos mientras el tribunal fija el calendario acelerado de escritos sobre el fondo que anunció en su orden.
TPS para venezolanos: la fecha clave para definir su futuro en EEUU
Por otro lado, si el plazo se cumple sin una nueva orden, entraría en vigor la medida cautelar del juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, que frenó la anulación de la extensión del TPS y la terminación de la designación de 2023 dispuestas por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Aun así, el regreso de la protección no sería automático en la práctica, porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tendrían que publicar instrucciones sobre quiénes quedan amparados y qué documentos sirven para trabajar, algo que hasta ahora no han hecho.
El gobierno de Donald Trump tiene a mano otra carta si el Noveno Circuito deja que la cautelar entre en vigor: volver a la Corte Suprema con una solicitud de emergencia. Ese camino ya le dio resultado dos veces, en mayo de 2025, cuando el máximo tribunal suspendió la primera orden de Chen, y el 3 de octubre de ese año, cuando permitió que la cancelación entrara en vigor de inmediato.
Mientras tanto, la situación de los permisos de trabajo no se movió. La página de USCIS sobre el TPS de Venezuela, revisada por última vez el 20 de octubre y marcada ahora como contenido de archivo, señala que los documentos de autorización de empleo y los formularios I-797 e I-94 emitidos hasta el 5 de febrero de 2025 con vencimiento al 2 de octubre de 2026 ya no son válidos. La orden del 3 de noviembre no menciona prórroga alguna para esos documentos.
En esa misma página, USCIS advierte contra personas no autorizadas que cobran por tramitar formularios del TPS y recomienda verificar que quien ofrezca ayuda legal esté acreditado para hacerlo, una alerta que pesa más con la incertidumbre sobre cuándo y cómo podría volver el programa. En paralelo, en el sur de Florida la alcaldesa de Miami-Dade pidió al Congreso restablecer el TPS para los venezolanos por la vía legislativa.