La orden de la administración de Donald Trump de suspender indefinidamente los trámites migratorios para ciudadanos de Venezuela y otros 18 países dejó a miles de familias sumidas en la incertidumbre y con el temor de enfrentar un rechazo de sus solicitudes. Ante la duda de si los expedientes de asilo quedaron anulados automáticamente o si las residencias ya otorgadas corren riesgo de revocación, el abogado de inmigración Jesús Reyes despejó dudas al respecto y advirtió qué deben hacer los afectados para evitar comprometer su permanencia en Estados Unidos.
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El origen de esta medida restrictiva se remonta al ataque contra dos guardias nacionales ocurrido el pasado 26 de noviembre en Washington, atribuido a un ciudadano afgano. Este incidente detonó una respuesta inmediata del gobierno, que instruyó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) detener la revisión de casos provenientes de naciones catalogadas como de «alto riesgo». Este suceso obligó a replantear la estrategia de defensa de los inmigrantes, ya que la situación pasó de un flujo regular a una etapa de escrutinio extremo.
Dentro de este panorama de parálisis administrativa, la mayor preocupación recae sobre los solicitantes de asilo que llevan años de espera. Sin embargo, Reyes aclaró la diferencia técnica entre el estatus actual y una negativa definitiva. «Por ahora, los casos quedan en pausa, no negados. Uscis no ha dicho que va a negar todo».
Esta pausa operativa impacta directamente en los beneficios colaterales, como la emisión de permisos de trabajo. Al respecto, el abogado advirtió que los solicitantes deben prepararse para demoras significativas debido a las investigaciones adicionales. No obstante, matizó que el hecho de que un caso se encuentre bajo revisión de seguridad no faculta a la agencia para denegar automáticamente la autorización de empleo, sino simplemente para extender los plazos de procesamiento.
A pesar de la suspensión general, la maquinaria burocrática no se detuvo por completo para quienes ya tienen citas asignadas. Reyes fue enfático al recomendar que los venezolanos con entrevistas de asilo o ajuste de estatus programadas asistan puntualmente a las oficinas de Uscis, salvo que reciban una notificación de cancelación. «Debe ir. Si no va, sin permiso, pueden ponerle una falta y afectar su caso», alertó.
País de «alto riesgo»
Del mismo modo, el endurecimiento de los controles obedece a la designación de Venezuela como país de riesgo, lo que exige una evaluación rigurosa de posibles «factores negativos». Aun así, según el experto, «la ley todavía presume inocencia, pero ahora revisan más», por lo que la carga de la prueba recae con mayor peso en el inmigrante, quien debe demostrar con documentación fehaciente su buena conducta, historial laboral y antecedentes penales limpios.
La confusión legal se extendió al uso que el presidente Trump dio a la sección 212(f) de la Ley de Inmigración. Aunque esta normativa permite bloquear la entrada de extranjeros, Reyes aclaró que su poder se limita a las fronteras y no tiene efecto retroactivo para anular solicitudes de asilo de personas que ya se encuentran físicamente en territorio estadounidense, brindando un respiro a quienes ya residen en el país.
Sin embargo, la tranquilidad de los residentes legales también se vio sacudida por la orden del director de Uscis, Joseph Edlow, de revisar las green cards ya emitidas. El abogado explicó que este proceso busca detectar irregularidades graves y no se trata de una revocación arbitraria. «Solo por motivos serios, como: fraude en documentos, problemas criminales, información importante que no dijeron en el pasado», detalló.
A este escenario de revisión se sumaron las declaraciones presidenciales sobre expulsar a quienes no representen un «activo neto» para la nación. El especialista desmintió categóricamente que tener bajos ingresos o haber recurrido a ayudas estatales como cupones de alimentos constituya una causal de deportación para un residente legal, al aclarar que la normativa vigente protege a quienes atraviesan dificultades económicas.
Para aquellos que se encuentran en medio de un trámite de extensión de visa o cambio de estatus, la inquietud gira en torno a la legalidad de su estancia durante la espera. Reyes aseguró que, siempre que la solicitud se enviara antes del vencimiento del estatus previo, el solicitante no acumula presencia ilegal, quedando protegido de sanciones futuras mientras Uscis mantiene el caso pendiente.
Blindaje legal
Otra interrogante común en esta coyuntura es la seguridad para realizar viajes internacionales. El letrado consideró que, para la mayoría de los residentes, salir y entrar del país sigue siendo seguro, siempre y cuando no existan antecedentes penales ni fraudes migratorios previos que puedan detonar una inadmisión al intentar regresar a Estados Unidos.
Las consecuencias de estas medidas también alcanzan a los hogares divididos. Los procesos de reunificación familiar para parientes que esperan en Venezuela quedaron de igual manera suspendidos. Esto implica que los tiempos de espera se alargarán mientras se ejecutan los nuevos chequeos de seguridad, aunque el experto insistió en que las peticiones no fueron canceladas, sino puestas en una lista de espera administrativa.
Frente a la posibilidad de que el gobierno examine con lupa expedientes antiguos, Reyes sugirió adoptar una postura proactiva. «No es obligatorio, pero sí es útil que un abogado revise el caso del aplicante para aclarar dudas o corregir errores en la solicitud», detalló. En tal sentido, recomendó “mantener todo al día: dirección, permisos, renovaciones; guardar todas las pruebas de trabajo, estudios, impuestos y vida familiar; no salir del país sin consejo legal; evitar cualquier problema criminal y tener copias organizadas de todos sus documentos migratorios”.
Por el momento, el panorama permanece incierto para los ciudadanos de estos 19 países afectados. Todas las solicitudes de inmigración y naturalización continúan detenidas hasta nuevo aviso, dejando a la comunidad venezolana en una espera forzosa que exige paciencia, orden y, sobre todo, asesoría legal calificada para no dar pasos en falso.
