La suspensión de la obligatoriedad del uso de máquinas fiscales representa un alivio para los pequeños y medianos empresarios venezolanos, debido a que estos equipos podían costar entre 1.500 y 3.000 dólares, afirmó el abogado tributarista y profesor universitario Leonardo Palacios.
Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Palacios señaló que la medida reduce una carga económica para los negocios, en un contexto de inflación, devaluación y elevados costos operativos.
La suspensión fue formalizada mediante la Providencia SNAT/2026/00093, publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.484 del 21 de octubre de 2026. Sin embargo, el especialista consideró que esta decisión debe formar parte de una transformación más amplia del sistema tributario.
Distorsiones del sistema tributario
El abogado explicó que Venezuela necesita una reforma que permita corregir las distorsiones fiscales, simplificar los procedimientos y mejorar la recaudación. Aclaró que esto no implica necesariamente reducir todos los impuestos, sino revisar cómo se aplican y recaudan.
Entre los cambios que propuso está eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. También cuestionó la falta de un mínimo exento para las personas naturales y la insuficiente adaptación del impuesto sobre la renta a los efectos de la inflación y la devaluación.
“El sistema venezolano es injusto, regresivo, absolutamente inequitativo, no tiene el concepto de justicia que debe tener la tributación, porque ha sido producto de un debate que no ha existido (…) a espaldas de los órganos legislativos”, opinó.
Costos de la formalidad tributaria
El especialista apuntó que las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA) y las dificultades para cumplir con las obligaciones tributarias contribuyen a que numerosos actores permanezcan en la informalidad, mientras los negocios formales asumen mayores costos administrativos y de fiscalización.
A su juicio, la evasión fiscal debe analizarse en función de la relación entre el Estado y los contribuyentes, así como de la manera en que se administran los recursos recaudados.
Destacó que los costos de cumplir con las obligaciones tributarias pueden perjudicar a las empresas formales y terminar trasladándose a los consumidores mediante los precios de bienes y servicios.
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