Varios activistas de derechos humanos acusaron el pasado fin de semana a Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2026 y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de haber utilizado su cargo en la organización internacional para ayudar a China a perseguir al pueblo uigur.
Por Frances Martel | Breitbart
Dolkun Isa, presidente del Centro Uigur para la Democracia y los Derechos Humanos y expresidente del Congreso Mundial Uigur, reveló en una declaración pública que Pillay había compartido información sobre él con el gobierno chino, lo que podría ponerlo en peligro a él y a su familia. La organización no gubernamental UN Watch también se hizo eco de las acusaciones de que Pillay utilizó su cargo en la ONU para identificar a activistas uigures y compartir con China información que podría facilitar su persecución por parte del régimen comunista.
El Comité Nobel anunció el viernes que había elegido a Pillay como ganadora del Premio Nobel de la Paz para honrar su “compromiso con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral”. Pillay comenzó su carrera como jueza en Sudáfrica; posteriormente, se desempeñó en las Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional (CPI) y, actualmente, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Si bien gran parte de las críticas hacia Pillay se centraron en sus años de activismo contra Israel, quienes están al tanto del genocidio que China sigue cometiendo contra los uigures y otros pueblos turcos lamentaron el supuesto historial de Pillay de apoyo a las políticas genocidas del Partido Comunista Chino, incluida la supuesta colaboración con la represión transnacional.
Isa, exdirector del Congreso Mundial Uigur, señaló en una declaración pública el fin de semana que las Naciones Unidas impusieron “graves obstáculos a la acreditación y el acceso” para él y su grupo durante el tiempo en que ella dirigió la oficina de derechos humanos en ese organismo.
Lo que es aún más grave, escribió, “más tarde me enteré de que la oficina que ella dirigía había compartido información sobre mi participación, y la de otros defensores de los derechos humanos, con el gobierno chino sin nuestro consentimiento. Para mí, esto fue una profunda traición a la confianza por parte de una institución que debería habernos protegido”.
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