El Tren de Aragua, la organización criminal de mayor crecimiento en el mundo, se quiere subir al cuestionado proyecto de paz total del Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. En su expansión, se ha tomado a sangre y fuego negocios ilícitos como tráfico de droga, extorsión, trata de personas, minería ilegal, explotación sexual, secuestros, sicariato y lavado de dinero.
SEMANA conoció en exclusiva la carta enviada por uno de los más altos miembros de este grupo delincuencial, nacido en Venezuela y cuyos tentáculos ya se extienden por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, en la que toca las puertas del Gobierno Petro para “solicitar la inclusión del Tren de Aragua en los procesos de la política de paz total”.
Se trata de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua. Se encuentra detenido en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables, a la espera de su envío a Chile, donde es requerido. Su extradición ya fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Solo falta la firma del presidente Petro para mandarlo a ese país. Larry Changa también es solicitado en Venezuela.
El polémico documento, conocido en exclusiva por SEMANA, ya fue radicado para el presidente Petro, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el alto comisionado para la paz, Otty Patiño. Plantea como asunto: “Propuesta de colaboración en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales”.
En principio, se puede plantear que es una estrategia desesperada de Larry Changa para frenar su extradición. Sin embargo, en el documento deja claro que no se trata de una negociación personal, pues advierte, por su rango en el Tren de Aragua, que es un vocero autorizado para iniciar esta negociación.
“Como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción, que contribuyan a reducir la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante”, se lee en la propuesta firmada por Larry Amaury Álvarez.
En este caso, Larry Changa es quien, avalado por el Tren, hizo el acercamiento con el Gobierno. Pero desde la cárcel La Picota hay otros tres hombres de la organización, calificada como terrorista por la Casa Blanca, que también se sentarían a establecer los primeros acuerdos en caso de que el Gobierno Petro decida sumarlos a la paz total. Hasta el momento, esta política ha dejado pocos resultados, pero sí un masivo levantamiento de órdenes de captura de criminales que ahora no pueden ser capturados, ni siquiera si son encontrados cometiendo delitos en flagrancia.
Los otros tres emisarios del Tren de Aragua son Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, otro delincuente de alto perfil de esta organización, también pedido en extradición. Está involucrado en el secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda, desertor de las Fuerzas Bolivarianas, que estaba en condición de refugiado en Chile.
Se suman Dayonis Junior Orozco, alias Boti, pedido en extradición por el Gobierno chileno y responsable del asesinato del teniente de carabineros de este país Emanuel Sánchez. El tercero que entraría a la negociación si el Gobierno abre la puerta es Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, quien también participó en el crimen del militar venezolano Ojeda.
La carta de Larry Changa, de dos páginas y dirigida al alto Gobierno, argumenta que esta solicitud se da por “mi preocupación por las condiciones sociales que generan vulnerabilidad (pobreza extrema, falta de oportunidades y exclusión social), así como el deseo de aportar desde un enfoque de prevención social y reinserción personal”.
Esta solicitud puede ser calificada de oportunista, pues estos miembros del Tren de Aragua están detenidos en La Picota, en el pabellón de extraditables, listos para ser enviados a Chile. De ser aceptada su solicitud, el bolígrafo presidencial podría frenar este proceso.
Por eso, la carta advierte: “No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria”.
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