Yunices Barreto, presidenta de la Alianza Agrominera Mama Pancha en el corredor vial Nacupay de El Callao, elevó un llamado urgente al Ejecutivo nacional para denunciar una crisis sistemática en la gestión minera del estado Bolívar.
Por lapatilla.com
La vocera señala que la Corporación Venezolana de Minería opera bajo un esquema de silencio administrativo, ignorando de manera deliberada las comunicaciones y peticiones formales introducidas por los trabajadores del sector.
La dirigente y activista social asegura que este comportamiento convierte al organismo en una cúpula cerrada e inalcanzable, comparable a la “PDVSA de la Cuarta República”, que genera pobreza en las comunidades circundantes mientras proyecta un “panfleto” de supuesta normalidad operativa en medios y redes sociales para ocultar la realidad de los yacimientos.
La denuncia apunta de forma directa hacia la gerencia regional en la entidad, a cargo del capitán Luis Vicente Álvarez, a quien se responsabiliza por el cierre de los canales de atención directa y la imposición de filtros burocráticos donde solo se reciben documentos en presencia de su asistente personal.
Esta falta de inspecciones formales y de respuestas por escrito deja a las alianzas mineras en una situación de indefensión legal respecto al control y asignación de sus “arrimes”, es decir, el porcentaje de oro que deben entregar al Estado venezolano. La falta de seguridad jurídica impide que los trabajadores respalden de manera oficial sus aportes e inversiones dentro de la actividad extractiva.
Incursiones armadas y judicialización a pequeños mineros
A la par de las trabas administrativas, la presidenta de la organización expuso un patrón de amedrentamiento y represión ejecutado mediante despliegues conjuntos de la Guardia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el grupo JEPAMO y la Fuerza Armada Nacional.
Barreto, detalla que los funcionarios se presentan en los centros de acopio portando armas largas y con los rostros cubiertos por capuchas, enfocando el acoso sobre los pequeños mineros independientes que trasladan cantidades mínimas de material, conocidas como “chilitas” o medios sacos de mineral, destinados a garantizar su sustento diario.
Asimismo, la vocera advirtió sobre desalojos y despojos ejecutados invocando las siglas de la extinta empresa estatal Minervén. Pese a la disolución legal de dicha compañía, personal asociado continúa acudiendo a las minas sin basamento jurídico para desalojar a trabajadores que han realizado inversiones previas, apoderándose del material aurífero y de las arenas cianuradas acumuladas en los patios provisionales.
La judicialización contra los dirigentes mineros forma parte central del testimonio de Barreto, quien permaneció privada de libertad durante siete meses junto a dos de sus hijos bajo acusaciones de presuntos “delitos ambientales”.
Dichos cargos fueron posteriormente desmentidos y refutados por las inspecciones técnicas del propio Ministerio para el Ecosocialismo, lo que evidencia el uso de la vía penal para amedrentar a las vocerías comunitarias de la zona aurífera.
