El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en una entrevista difundida este 23 de septiembre que, en las últimas dos semanas, un número de medios venezolanos independientes que llevaban casi siete años sin poder transmitir dentro de Venezuela volvieron a hacerlo. Lo presentó como un “hecho subreportado” dentro de un cuadro más amplio de avances hacia elecciones libres: reconstrucción de partidos, confianza en el proceso electoral y cobertura de prensa para que los candidatos puedan comunicarse con el público.
El dato es incompleto y, en lo que respecta a los medios de mayor alcance del país, no corresponde a la realidad operativa actual.
La Patilla continúa bloqueada dentro de Venezuela. El Nacional, el otro gran diario nacional forzado a migrar su operación fuera del país tras el cierre de su planta física, también sigue bloqueado. Son, junto con otros pocos títulos, los medios venezolanos de mayor tráfico y trayectoria, y ambos permanecen inaccesibles sin herramientas de evasión (VPN, DNS alternativo) para el usuario que navega desde una conexión residencial o móvil en Venezuela.
El bloqueo no es una percepción interna. Organizaciones que monitorean la censura digital en el país, entre ellas VE Sin Filtro, el proyecto de monitoreo de IPYS Venezuela dedicado específicamente a documentar el bloqueo de sitios web por parte de los proveedores de internet, han confirmado de forma reiterada que medios como La Patilla y El Nacional figuran entre los dominios inaccesibles a nivel de ISP. El patrón se sostiene desde hace años y no ha mostrado el tipo de reversión generalizada que sugiere la declaración de Rubio.
Es posible, y hasta probable, que exista un grupo de medios menores o de reciente creación al que se le haya restituido el acceso en las últimas semanas, tal como plantea Rubio. Eso no equivale a que “los medios” venezolanos hayan sido desbloqueados como categoría. Los outlets con mayor base de lectores, mayor capacidad de fiscalización y mayor peso en la conversación pública nacional (La Patilla y El Nacional entre ellos) permanecen fuera del alcance directo del venezolano promedio.
La distinción importa porque el argumento de Rubio no es cosmético. Lo usa para sostener una tesis específica: que ya existen las condiciones de cobertura de prensa necesarias para que un proceso electoral sea considerado libre y justo, y que los candidatos puedan “comunicarse con el público” a través de esa cobertura. Si los medios con mayor capacidad real de llegar a ese público siguen bloqueados, la premisa sobre la que construye ese punto queda debilitada, no importa cuántos micrófonos se cuenten hoy en una rueda de prensa opositora frente a los tres de hace dos años.
Tampoco es un asunto simétrico entre el diagnóstico económico y el de prensa que ofrece Rubio en la misma entrevista. Sobre reestructuración de deuda y transición política habla con matices, condicionales, pasos pendientes. Sobre el acceso a medios independientes, en cambio, describe un logro ya consumado. La distancia entre ambos registros, frente a un bloqueo que organismos independientes siguen documentando activamente, sugiere que el dato fue usado para reforzar una narrativa de progreso antes que para describir con precisión el estado real del ecosistema de prensa venezolano.
Mientras ese bloqueo no se levante para los medios de mayor lectoría del país, hablar de condiciones restituidas para la libertad de prensa en Venezuela es, en el mejor de los casos, prematuro.
