Las herméticas negociaciones del Gobierno de Gustavo Petro con el grupo narcotraficante Clan del Golfo han estado rodeadas de un manto de desconfianza, silencios deliberados, exigencias de reserva extrema y un factor que terminó de encender las alarmas: la creciente distancia del Gobierno de Estados Unidos, que hasta hace apenas unos meses seguía de cerca, paso a paso, lo que se movía en las conversaciones que avanzan en Doha, Catar. SEMANA logró hablar con uno de los negociadores y revela detalles secretos de estos diálogos.
De este proceso, que ha adquirido proporciones históricas y que podría modificar el mapa criminal del país, los colombianos apenas han visto unas cuantas fotografías y comunicados filtrados con cuentagotas. En esas imágenes aparecen Álvaro Jiménez, coordinador de la delegación del Gobierno nacional; Luis Armando Pérez Castañeda, miembro del estado mayor conjunto del Clan del Golfo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Catar. Nada más. Una puesta en escena mínima para un proceso que se cocina a puerta cerrada y con un hermetismo que contrasta con la magnitud de lo que se está negociando.
Junto con esas imágenes, solo se han conocido dos declaraciones oficiales: la primera, tras la ronda inicial de septiembre; la segunda, el pasado viernes 5 de diciembre, cuando el Gobierno anunció –sin mayor detalle– el inicio del proceso de desmovilización del grupo armado, uno de los más poderosos del crimen organizado en Colombia.
La reserva no es casual. “Tenemos unos procedimientos que hemos definido: manejar de manera restringida los movimientos y el desarrollo de las conversaciones. Hemos convenido que comunicamos los resultados en el momento en el que se producen, pero la parte procedimental la vamos a mantener en secreto”, le dijo Jiménez a SEMANA, un exmilitante del M-19 convertido en estudioso de procesos de paz en distintos países, que recibió clases en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Sus palabras dejan ver la profundidad de un proceso que se mueve entre tensiones internas, intereses internacionales y desconfianzas recíprocas.
Ese silencio, sin embargo, no ha logrado contener las turbulencias. Desde distintos sectores políticos han surgido cuestionamientos. Incluso dentro del mismo Gobierno Petro, funcionarios han expresado reparos sobre la velocidad, las condiciones y la naturaleza de las concesiones que el Estado estaría haciendo. A esto se suma la advertencia de la Defensoría del Pueblo, que encendió alarmas sobre las posibles afectaciones en los territorios donde se concentrarán los combatientes.
Para leer la nota completa ingrese AQUÍ
