Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, analizó la actual coyuntura y las perspectivas del sector, destacando los efectos de las sanciones y retos estructurales que limitan el desarrollo inmobiliario en el país.
Por Mundo UR
González Travieso recordó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos que «a finales de 2024 teníamos un país que tenía abierta la posibilidad de una producción petrolera estable, con unos precios de petróleo atractivos, beneficiosos para la generación de flujo de caja del sector gobierno», lo que permitía proyectar un crecimiento del PIB cercano al 5%. Sin embargo, señaló que «vinieron las sanciones con respecto a el producto principal de petróleo en Venezuela, esto trajo como consecuencia un desbalance en el equilibrio del flujo de caja del país y eso ha generado una creciente incertidumbre».
Sobre la demanda en el mercado inmobiliario, el presidente afirmó que «las principales metrópolis mantienen una demanda efectiva por parte de las personas que están buscando unas mejores condiciones de vida, sobre todo con el tema de los servicios y con el tema de la calidad de vida». Sin embargo, destacó que la industria enfrenta «retos importantes que tienen que ver principalmente con la falta de financiamiento a corto y largo plazo», lo cual afecta la capacidad para producir nuevas viviendas.
Además, resaltó el impacto del marco jurídico en la inversión inmobiliaria: «No es solamente el precio, es cuestión de marco jurídico en la Cámara hemos sostenido de manera muy continua la influencia en el Ejecutivo para revisar tres leyes que hacen fundamental el ejercicio de nuestra actividad y de la producción de vivienda: la ley de arrendamiento, la ley hipotecaria y la ley de estafa inmobiliaria». Explicó que estas normas «hacen que cualquier productor de nuevos metros cuadrados, cuando tenga la posibilidad de decidir asumir el riesgo para obtener una rentabilidad, pues el marco jurídico lo hace muy hostil».
