En los capítulos XXV a XXVII de la segunda parte del Quijote, Cervantes narra la aventura de maese Pedro, un titiritero que llega a una posada con su retablo y un mono al que atribuye poderes adivinatorios. Allí ofrece una representación que cautiva a don Quijote hasta hacerlo confundir los títeres con personas de carne y hueso. Bajo esa identidad se oculta el pícaro Ginés de Pasamonte, un fascinante personaje cervantino, a quien el caballero había liberado de su condena a galeras en el capítulo XXII de la primera parte de la gran novela. Poco después, Ginés corresponde al favor hurtándole a Sancho su burro. Ahora reaparece con otro nombre y un parche verde sobre un ojo. Ha cambiado de apariencia y de oficio, pero conserva sus artimañas para el engaño.
La historia de maese Pedro invita a desconfiar de las transformaciones que dejan intactas las viejas mañas. Esa cautela viene a cuento de la renovación judicial venezolana. Debemos mirar más allá de los nuevos nombres y comprobar si las decisiones rompen las lealtades políticas que han permitido al chavismo controlar la justicia.
Transparencia Venezuela ha identificado vínculos con el oficialismo en dos de los doce representantes de la sociedad civil designados para el Comité de Postulaciones Judiciales. Conviene precisar el alcance del señalamiento. La organización distingue entre militancia en el PSUV y relaciones con el oficialismo derivadas de cargos, designaciones o actividades documentadas. No son categorías equivalentes, aunque ambas exigen atención cuando se trata de escoger a quienes deben controlar el ejercicio del poder.
Aquí aparece el problema del conflicto de intereses. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo define como un conflicto entre el deber público y los intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempeño de las funciones. Identificar esa situación permite prevenir decisiones condicionadas, sin esperar a que se produzca un daño o se consume una arbitrariedad institucional.
En la elección de nuevos magistrados, esa tensión corre el riesgo de adquirir, una vez más, una dimensión partidista. Quien debe evaluar la independencia de un aspirante está tentado —para decirlo con prudencia— a mantener compromisos con la organización interesada en promoverlo. Su lealtad política suele tener prioridad sobre los intereses de la nación. Allí se plantea el conflicto. Para determinar su alcance hay que conocer la naturaleza y vigencia de esos compromisos, las dependencias que generan y su posible influencia en las decisiones. Haber trabajado en una institución pública no basta para descalificar a nadie. Lo exigible es declarar esos vínculos, examinarlos y adoptar medidas que impidan que una lealtad particular desplace el interés general de Venezuela. La representación de la sociedad civil pierde su sentido cuando introduce, bajo otra denominación, los mismos compromisos partidistas.
La composición del Comité aumenta la preocupación. Los dos representantes señalados podrían converger con los ocho diputados chavistas y dar al oficialismo un bloque de diez integrantes en un órgano de veintitrés. Es una fuerza considerable, aunque no alcanza la mayoría absoluta ni permite dar por decidido el resultado. Los demás integrantes conservan capacidad para impedir que ese bloque imponga sus preferencias.
Por si fuera poco, el Comité ratificó como presidente al almirante Giuseppe Alessandrello, militar chavista y diputado del PSUV. La Asamblea Nacional confirmó la decisión al informar sobre la instalación del órgano. En esa misma comunicación presentó la incorporación de la sociedad civil como un aval de transparencia. Ese aval debe ganarse con decisiones que lo justifiquen.
La presencia de personas de reconocida trayectoria intelectual y profesional ofrece razones para esperar una actuación independiente. Por eso preocupa que la presidencia siga en manos de un militante del PSUV que, además, representa el militarismo chavista. Esto resta credibilidad a la promesa de liberar a los tribunales del sometimiento político. Venezuela necesita señales de que el proceso toma otro rumbo. La ratificación del almirante muestra, en cambio, un ejercicio descomplejado del poder partidista.
Entre los representantes recién designados hay personas capaces de conducir el Comité e inspirar confianza dentro del país y ante el gobierno de Estados Unidos, bajo cuyo auspicio se desarrolla el diálogo sobre la renovación institucional. Elegir a una de ellas demostraría que la participación de la sociedad civil puede cambiar la conducción del proceso. No hay razones para no hacerlo.
Si se invoca la capacidad negociadora del chavismo para justificar que conserve la presidencia del Comité, habrá que explicar qué acuerdos facilitaría esa concesión y por qué no podría alcanzarlos una conducción independiente. Saber negociar puede ser útil, pero no justifica entregar la dirección del proceso a quienes tienen interés en conservar el control de la justicia. Si cada decisión preocupante se acepta para facilitar la siguiente etapa, el proceso puede concluir sin haber corregido ninguna. De ahí la importancia de estar alertas para evitar emboscadas.
Por eso debemos conocer cómo se eligió la presidencia del Comité de Postulaciones, qué alternativas se plantearon y cuáles fueron las razones de la escogencia. La nota de la Asamblea Nacional atribuye la unanimidad a la aprobación del reglamento interno, sin precisar cómo votaron los integrantes al ratificar a Alessandrello. Sin esa información no corresponde atribuir a cada uno un voto o una conducta. La publicidad de las deliberaciones, las decisiones y las objeciones permitirá conocer el criterio que cada cual defiende.
El otro riesgo es conocido: que la selección de magistrados se convierta en un reparto de cuotas entre fuerzas políticas. El peligro aumenta si el chavismo intenta conservar el control de las salas Constitucional, de Casación Penal, Electoral y Político-Administrativa mientras admite cambios en las demás. Un acuerdo de esa naturaleza preservaría su dominio sobre centros decisivos del Poder Judicial bajo una apariencia de apertura. Debemos vigilar las decisiones que puedan facilitar ese reparto, sin dar por consumada una negociación cuya existencia no hemos comprobado.
Ante este desafío, los representantes de la sociedad civil deben exigir criterios públicos de evaluación, entrevistas abiertas y respuestas a las objeciones ciudadanas. Les corresponde examinar las sentencias de quienes hayan ejercido como jueces, comprobar las credenciales académicas y evaluar cómo actuó cada aspirante frente a las presiones del poder. Al proponer un nombre, deben explicar qué hechos de su trayectoria permiten confiar en su independencia.
Volvamos al retablo de maese Pedro. “El que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho”, le dice don Quijote a Sancho. Los venezolanos hemos recorrido bastante los caminos de las promesas de renovación, aunque habríamos preferido un trayecto más corto. Algo debemos haber aprendido sobre las artimañas del titiritero.
Hay personas en el Comité cuya trayectoria inspira confianza. Estoy seguro de que sabrán enfrentar las engañifas del chavismo y defender la transparencia del proceso que ahora comienza. Sus decisiones, discutidas y votadas a la vista del país, pueden abrir paso a una justicia capaz de proteger al ciudadano frente al poder.
